Otra vuelta de tuerca

El Gobierno, en el primer consejo de ministros resolutivo de la pasada semana, ya realizó una importante reducción del gasto y subió los impuestos –IRPF e IBI- para conseguir una reducción súbita del déficit del orden del 1,5% del PIB; era pues previsible que, como de hecho ha sucedido, en el consejo hoy tomase nuevas decisiones sobre otros aspectos distintos del ajuste.

Para justificar la dureza de las medidas –y el incumplimiento del programa electoral, que todo hay que decirlo-, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno ha dado hoy en su rueda de prensa el dato de cierre de la Seguridad Social de 2011, un déficit del 0,06% del PIB (668 millones) en lugar del superávit anunciado del 0,4%, y ha insistido de nuevo en que el gobierno saliente ha incumplido el objetivo de déficit público del 6%, lo que ha obligado al nuevo Ejecutivo a adoptar soluciones más duras que las que se ponderaron al redactar el programa electoral.

En definitiva, el Gobierno ha avanzado hoy en dos nuevos capítulos del ahorro público que se pretende lograr, que son poco objetables y que han brindado un alivio al menos momentáneo a la opinión pública ya que no requieren nuevos sacrificios: de un lado, y como estaba previsto, se quiere adelgazar la estructura del sector público estatal –empresas públicas, fundaciones y corporaciones-: para ello, se ha pedido los correspondientes informes a todos los Departamentos ministeriales y se instará a las comunidades autónomas a que realicen el recorte de organismos que ya se comprometió en un Consejo de Política Fiscal y Financiero de 2010. Se desconoce de momento el alcance del recorte que se pretende, que es de toda racionalidad y que debería desembocar en una nueva estructura administrativa de res niveles sin duplicaciones y mucho más ágil y ligera.

De otro lado, Montoro ha presentado al consejo un completo plan de lucha contra el fraude, éste sí cuantificado: 8.171 millones de euros se pretende obtener de una más activa inspección fiscal que logre hacer aflorar la cuantiosa economía sumergida. El plan es muy completo e incluye, entre otras actuaciones, la prohibición de realizar en metálico ciertas transacciones, la firma de acuerdos con antiguos paraísos fiscales que han dejado de serlo –como Andorra o Panamá-, etc.

En definitiva, en esta primera embestida contra la crisis el Gobierno ha puesto en marcha en dos consejos de ministros un recorte de la burocracia estatal –simbolizado en una reducción del número de ministerios y de un 20% de las direcciones generales- y del sector público que lógicamente ha de ser estudiado antes de materializarse; una reducción del gasto, una subida de impuestos y un plan contra el fraude fiscal. Todo ello representa unos 23.000 millones de euros más lo que se obtenga del adelgazamiento administrativo.

Es de suponer que a partir de ahora el Gobierno se centrará en las reformas estructurales –la del sistema de relaciones laborales es la primera, y en seis meses ha de cerrarse la del sistema financiero, sobre la que ayer informó De Guindos al Consejo-, hasta que en marzo concluya el ajuste con unos Presupuestos del Estado que con toda probabilidad darán la última vuelta de tuerca al proceso.

Llegados a este punto, hay que seguir indagando sobre lo que hará el Gobierno para que comience la fase de crecimiento. Monti, en Italia, ha dedicado 10.000 millones de su también exorbitante ajuste a estímulos fiscales. Algo así debería hacer este gobierno, en el camino ya anunciado por Rajoy de favorecer el trabajo de los emprendedores.