Adquirir la nacionalidad española, el último obstáculo de los judíos sefardíes

Un año después de la entrada en vigor de la ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes, este colectivo reclama algunas mejoras para hacerla más efectiva y limar así las deficiencias detectadas en su aplicación. Aunque desde la Federación de Comunidades Judías en España se pone en valor la importancia histórica de esta norma, también se admite que «trabajamos con la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para mejorar el procedimiento».

Uno de los principales problemas es la dificultad de completar los trámites, y ello puede explicar el escaso número de expedientes que han finalizado este año, aplicando el nuevo sistema. Buscar la documentación, que en la mayoría de los casos se remonta a muchos años atrás, prepararse para los exámenes y la falta de recursos económicos para desplazarse a España son algunos aspectos que se quieren modificar.

Los datos aportados por el Ministerio de Justicia indican que 4.538 sefardíes obtuvieron la nacionalidad española desde el 1 de enero al 28 de septiembre de este año. Estos judíos de origen español lograron la nacionalidad al demostrar, con anterioridad, su condición de descendientes de los judíos expulsados de la Península con anterioridad. La regularización de este grupo tan numeroso se realizó por medio de dos reales decretos. Pero solo tres sefardíes la han obtenido este año, completando el exigente procedimiento que exige la ley actualmente en vigor.

Al margen de estos expedientes finalizados, a día de hoy hay 2.864 solicitudes de 60 países diferentes que han comenzado a tramitarse en el portal creado por el Ministerio de Justicia. Igualmente, se han registrado 50.525 accesos a este portal.

Reparación histórica

Esta ley entró en vigor el 1 de octubre de 2015 y está vigente hasta 2018. Con ella se pretende la reparación histórica de los judíos expulsados de España hace 524 años. La norma, impulsada por el Gobierno de Rajoy y aprobada por unanimidad en el Congreso, introducía unos criterios más garantistas para conceder la nacionalidad y menos discrecionales.

Los plazos para conceder la nacionalidad también se han acortado. Con anterioridad a la nueva normativa, los solicitantes de la nacionalidad española tardaban muchos años en recibirla, algunos hasta seis o siete, y ahora la resolución tiene que dictarse en doce meses, desde la finalización de todos los trámites.

Dos exámenes

La principal novedad de esta nueva norma es que los sefardíes tienen la posibilidad de acceder a la nacionalidad española sin tener que renunciar a su nacionalidad, como sucedía antes, y sin exigencia de residencia. Otros requisitos fundamentales son la necesidad de aprobar dos exámenes en el Instituto Cervantes: uno de conocimientos socioculturales y otro del idioma, así como demostrar la condición de sefardí, que debe acreditarse ante notario. En total son siete requisitos, y al menos hay que demostrar que se cumplen dos de ellos.

Una vez puesto el proceso en marcha es cuando han comenzado a detectarse las deficiencias. «La Federación está muy agradecida porque es una ley aprobada por unanimidad y tiene un importancia histórica», asegura a ABC la directora de la Federación de Comunidades Judías en España, Carolina Aisen, pero admite que «el procedimiento no es el mejor que hubiéramos deseado porque es muy complicado. A medida que se hacen las cosas y se vé cómo funcionan, se detectan las deficiencias y vemos cómo se puede mejorar». Estas mejoras se abordan con el Gobierno en una comisión en la que se sigue trabajando.

Hay varias cuestiones que están dificultando esta tramitación. Por un lado, la económica. Los solicitantes de la nacionalidad española tienen que viajar a España obligatoriamente a presentar la documentación ante notario, «y ello conlleva muchos gastos. No todo el mundo puede hacerlo y nos hemos dado cuenta de que para mucha gente es un coste muy elevado», comenta Aisen.

Obstáculos

La preparación y realización de los dos exámenes también es un obstáculo, a veces insalvable para las personas mayores. «A la gente mayor le cuesta muchísimo y estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para que puedan cambiar el tema de los exámenes y eximir a la gente mayor de estas pruebas», señala la directora de esta Federación.

La tercera cuestión a mejorar sería la equiparación de criterios entre los notarios para valorar la documentación que se entrega. «Es una ley a criterio de quien recibe la documentación, en este caso los notarios. Reciben la documentación y dicen «a mí me vale, o no». Como es en algún punto subjetiva, todavía tenemos que trabajar más en dar los criterios que se prevén en la ley: cómo se puede probar el origen sefardí y su vinculación actual con España», señala Aisen.

Documentación

Finalmente, el cuarto aspecto de la ley que está resultando también controvertido es la búsqueda de documentación fiable para justificar el origen sefardí. La directora de Zohar Abogados, Hanna Zohar, que tramita alrededor de 200 solicitudes de nacionalidad, subraya que «hay que trabajar mucho para recabar toda la documentación fehaciente. La cuestión es saber hacerlo de forma correcta y bien guiada. Es una de las partes más complicadas y ello ha hecho que muchos se retrasen en la presentación de solicitudes».

En muchas ocasiones, a los interesados les resulta muy complicado demostrar su origen sefardí porque perdieron a sus familiares en el Holocausto o han perdido la conexión con sus familias». Esta experta en el proceso cree que «hay que poner mucho énfasis en que el plazo que se les da para recabar la información es muy poco. El primer año es solo para la preparación de la documentación y hay que hacerlo con lupa».