Sudáfrica expulsa de la escuela a 500.000 niños con discapacidad

Alrededor de 500.000 niños sudafricanos con discapacidad están excluidos del sistema educativo de su país, según aseguró este martes Human Rights Watch ( HRW) en un informe hecho público en un acto conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica.

El informe, de 94 páginas y titulado «Cómplice de exclusión: el incumplimiento de Sudáfrica para garantizar la educación inclusiva para niños con discapacidad», señala que este país no ha logrado asegurar el derecho a la educación para muchos menores debido a la «generalizada discriminación contra los niños con discapacidad en las decisiones de inscripción».

La investigación de HRW abarca cinco de las nueve provincias de Sudáfrica y muestra que los niños con discapacidad se enfrentan a barreras físicas y de actitud discriminatoria, lo cual comienza a menudo a edades muy tempranas, cuando los funcionarios los clasifican de acuerdo a su discapacidad.

«El Gobierno de Sudáfrica tiene que admitir que no está proporcionando una educación de calidad a todos sus niños. De hecho, no están escolarizados en absoluto muchos que tienen discapacidades», dijo Elin Martínez, investigadora de los derechos del niño de Human Rights Watch y autora del el informe.

Aunque el Gobierno afirma que ha logrado el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas de inscribir a todos los niños en las escuelas primarias en 2015, HRW descubrió que, en realidad, muchos niños con discapacidad no van a clase.

Sudáfrica fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2007, lo que obliga al Gobierno a promover un sistema de educación inclusivo, con el fin de garantizar que todos los niños aprenden juntos y adquieren las mismas habilidades en igualdad de condiciones, que se eliminan las barreras para el aprendizaje y que los menores con discapacidad reciben el apoyo adecuado.

HRW señaló que el Gobierno sudafricano aprobó en 2011 un documento para poner fin a la exclusión de los niños con discapacidad de las escuelas del país y proporcionar educación para todos los menores en las escuelas inclusivas, pero aún no ha puesto en funcionamiento los aspectos fundamentales de esa política y utiliza la mayoría de sus ya limitados recursos para alumnos con discapacidad para las escuelas especiales, en detrimento de la educación inclusiva.

Además, Human Rights Watch recalcó que, en contra de las obligaciones internacionales y nacionales del Gobierno, «muchos niños son rechazados de las escuelas ordinarias y remitidos a las escuelas especiales simplemente porque tienen una discapacidad». «La falta de comprensión de las discapacidades de los niños y la falta de formación docente adecuada supone que muchos profesores y funcionarios escolares no saben cómo trabajar con los niños con discapacidad en las aulas. En algunos casos, los niños sufren violencia física y el abandono en las escuelas», añadió.

Sistema «ad hoc y caro»

Por otro lado, HRW indicó que los niños con discapacidad llegan al sistema educativo mucho más tarde que los niños sin discapacidades y a menudo abandonan o terminan la escuela sin haber completado con éxito la educación básica por la mala calidad de la educación, de manera que muchos adolescentes con discapacidad carecen de las habilidades básicas para la vida que debe enseñarse en la escuela.

Así, Human Rights Watch detectó a adultos jóvenes con discapacidad que llegaron a la final de la educación obligatoria sin estar listos para acceder a un empleo o la educación superior y los que no han terminado la educación básica no siempre son capaces de participar en los programas de educación básica para adultos.

HRW destacó que el Gobierno sudafricano debe garantizar que todos los niños y jóvenes con discapacidad tengan acceso a la igualdad de oportunidades para aprender y beneficiarse de una educación de calidad, y aprobar una nueva legislación para exigir a todos los gobiernos provinciales y a las escuelas que aseguren que todos los estudiantes con discapacidad puedan completar la educación básica y tienen la misma oportunidad de ir a centros ordinarios accesibles y libres de violencia.

Además, indicó que el Ejecutivo tiene que garantizar que todos los niños con discapacidad y sus familias son consultados de manera adecuada antes de tomar decisiones sobre una ubicación en una escuela, así como eliminar las cuotas escolares y otras barreras financieras que impiden a los niños con discapacidad ir a la escuela.

«El sistema actual es ‘ad hoc’ y caro, y aísla a los niños con discapacidad de otros estudiantes», dijo Martínez, quien añadió que, «en consecuencia, el Gobierno está fallando a cientos de miles de niños con discapacidad, violando sus propias políticas y leyes».