La ONU pide no adoptar la ley que impide el aborto sin consentimiento paterno

El Parlamento español no debería aprobar el proyecto de ley que impide a las menores de 18 años abortar sin el consentimiento de sus padres, según ha sugerido hoy el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Además, los miembros del Comité, que han hecho públicas estas conclusiones hoy después de que España se sometiera este 8 de julio a su escrutinio, muestran su «preocupación» por el hecho de que el nuevo proyecto de ley, que establece que las menores de 18 años sólo puedan abortar si cuentan con el consentimiento de sus padres o tutores, ya haya sido probado por el Congreso de los diputados. Por ello, pide expresamente que la nueva norma «no se adopte».

En la misma línea, el comité recomienda a España que la educación sexual y de derechos reproductivos sea obligatoria como parte del currículum regular, «incluyendo educación sobre comportamiento sexual responsable, prevención de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual».

Violencia contra la mujer

Por otra parte, el Comité «está alarmado por la prevalencia de la violencia contra la mujer, incluyendo violencia sexual, con un alto porcentaje de mujeres que mueren como resultado de violencia de género en relaciones íntimas». Ante esta situación, las expertas critican que la ley orgánica 1/2004 no cubra la violencia de género ajena a la pareja, y la «limitada disponibilidad» de refugios para mujeres.

Asimismo, el Comité se alarma ante el número de niños que murieron a manos de sus padres durante las visitas, 20 entre 2008 y 2014. Ante esta realidad, el Comité pide que se revise la legislación para que incluya la violencia de género ejercida por cuidadores o policías, entre otros, y que se estipule obligatorio la formación para jueces, fiscales y policías sobre el alcance de la violencia de género.

Desigualdad en salarios

Asimismo, las expertas denuncian que la diferencia salarial entre hombres y mujeres (17,8 %) sea mayor que la media de la Unión Europea, y que la representación femenina en posiciones de decisión en la empresa (18,2%) sea muy baja.

En ese sentido, el Comité lamenta que la ley 31/2014 no incluya sanciones para las empresas que no cumplan con la necesidad de un equilibrio de género en sus consejos de administración.