Bajo mínimos

La jornada de huelga desarrollada ayer en todos los centros de Radio Televisión Española con un respaldo muy considerable de los trabajadores refleja las enormes dificultades que van a tener el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los responsables del Ente Público para imponer un plan de ajuste laboral, cuyo objetivo es el recorte de la plantilla en un 39%. Obviamente, este plan de ajuste sigue siendo necesario y urgente, a pesar de una huelga planteada por los sindicatos en el principio de unas negociaciones que deberían conducir al saneamiento estructural del Ente Público. De hecho, la deuda acumulada por un importe superior a los siete mil quinientos millones de euros, la caída progresiva de su audiencia y una dimensión estructural y organizativa fuera de toda lógica de mercado hacen inexcusable una reestructuración basada en la negociación y la racionalidad.

Mientras se alcanza un desenlace en este pulso entre la Dirección de RTVE y los sindicatos sería inconcebible que los damnificados en esa negociación fuesen en última instancia los espectadores, que son precisamente los mismos que no solo sufragan con sus impuestos los excesos de un concepto de televisión pública sobredimensionado, sino que resultan perjudicados por una huelga que impone la emisión de contenidos grabados, la suspensión de algunos informativos por la coacción de los trabajadores y hasta la zozobra en la transmisión de un partido de la Liga de Campeones que ha tenido que ser incluido en los servicios mínimos con el aval del Tribunal Supremo.

Resulta paradójico que el Gobierno o la SEPI y los sindicatos se aferren y presuman de estar inspirados por una intensa vocación de servicio público y sean incapaces de llegar a un acuerdo capaz de garantizar al máximo nivel la integridad los derechos de los espectadores. Además, y por muy estimable que sea la voluntad del Ejecutivo en su deseo de reestructurar antes de que finalice la legislatura el ente de RTVE, no se puede olvidar que continúa pendiente la tarea de plasmar una mayor definición del modelo público de radio y televisión que debe servir de horizonte a la futura televisión pública. En ese sentido, la clarificación de cuestiones tan fundamentales como la exclusión de más endeudamiento, las restricciones en la emisión de publicidad, el papel de RTVE en la cohesión territorial o la definición de los contenidos sometidos al concepto de servicio público debería servir para introducir la negociación con los sindicatos en la senda de la racionalidad y no en la de un enfrentamiento prolongado que perjudica sobre todo a los espectadores.