La paradoja del voto

El análisis económico aplicado a la política, nos lleva a pensar que una persona racional en términos económicos, nunca participaría en una contienda electoral, si el número de votantes es muy grande. Porque, lo que nos incita al voto, tiene mucho que ver con la conducta de nuestro candidato, en la aplicación de aquellas políticas, que se identifican con nuestros intereses. Desde el prisma de la racionalidad, al tener una incidencia casi insignificante nuestro voto, la probabilidad de influir en el resultado electoral es ínfimo. Por lo que la probabilidad multiplicada por el beneficio pretendido, determina un beneficio esperado muy pequeño. Tan pequeño que a más de uno, se lo pensó dos veces antes de vestirse ayer y salir a la calle, para dar cumplimiento al rito democrático por antonomasia, que es depositar el voto en las urnas.

Pero el voto es algo más que el análisis de la paradoja del voto y su construcción intelectual. Voto e interés van unidos. Este último, como concepto capital, se fraguó en la primera época de la Ilustración y se lo debemos entre otros a Hume y Smith. Se asocia desde entonces dicho término, al progreso y al desarrollo económico, en contraposición con los que hasta entonces justificaban el devenir social, aquellos que englobaban el espíritu caballeresco por antonomasia: el honor, la gloria y la galantería. Entonces, su enfoque como concepto era circunscrito al individuo, atribuyendo el colectivo como la agregación de estos. Por lo tanto, el voto que depositamos ayer, está imbuido de alta dosis de interés individual y de manera tangencial con el interés colectivo. Es evidente entonces, que el votante dio su voto al partido que mejor representa sus intereses. Pero no sólo que estos sean enunciados de manera programática en el correspondiente folleto político, sino también en la capacidad de la formación política por ejecutar el contenido del programa. Pensemos en esto último. La ejecución del programa es un compromiso. Es lo más parecido al cumplimiento de un contrato. Es de aplicación el latinajo de ‘pacta sunt servanda’. Los contratos deben cumplirse en los términos acordados. Sólo que de manera excepcional pudiera ser aplicable otro, ‘rebus sic stantibus’: las cláusulas de los contratos consideran las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, por lo que una alteración sustancial de las mismas, puede dar lugar a la modificación del clausulado y en consecuencia un cumplimiento distinto del inicialmente previsto. Algo tuvo que ver al respecto, en las elecciones de 2011, cuando el gobierno saliente mintió con la cifra de déficit. El nuevo gobierno se vio imposibilitado de aplicar ‘stricto sensu’ su propio programa, ya que estaba hecho, contando con la información política suministrada durante su confección por el Ministerio de Hacienda de entonces. Volvamos al dilema de los dos factores determinante del voto, asimilación de nuestros intereses particulares con los expresados en el programa electoral y la capacidad del gobierno que salga de esas listas en darle cumplimiento efectivo, es decir, su capacidad de ejecución. Esa importancia radica en una observación con afección en toda Europa. La inmutabilidad de las concepciones ideológicas y emocionales por parte de la población, dejan paso a su cuestionamiento por el propio electorado, que incide a la hora de votar en el convencimiento, en la capacidad de aplicar las políticas propuestas, sobre la base de que muchas de ellas, están constreñidas en cuanto a su cumplimiento por instancias superiores, la Unión Europea. El 70% del contenido programático de muchos partidos, es de imposible ejecución, so pena de incurrir en infracción de la legislación comunitaria. Lo que simplemente es imposible o cuando menos no es conveniente.