Del megáfono a las redes sociales

No es casualidad ni tampoco es fruto de la espontaneidad. Las últimas protestas que se han llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz responden a acciones orquestadas y premeditadas a través de las redes sociales de grupos de vecinos muy concretos. La situación vivida el pasado viernes durante el Pleno de mayo es intolerable. Varias personas desplegaron en mitad del debate una pancarta en la que se tildaba a los concejales del PP de «corruptos». No es la primera vez que estas personas revientan un pleno. Ya lo hicieron en abril y su presencia en la Casa Consistorial es de sobra conocida incluso por los agentes de la Policía Local. Sin embargo, lo más lamentable de esta situación es que el Gobierno local, ahora en manos de Podemos, ampara en cierto modo este tipo de manifestaciones.

La actitud del concejal de Urbanismo y alcalde accidental en el momento de la protesta, Martín Vila, fue toda una demostración de incompetencia, ignorancia y, sobre todo, prepotencia. Quedó muy claro que Vila ignora las reglas del juego democrático. El alcalde accidental delegó sus funciones y su responsabilidad como máxima autoridad en ese momento en el secretario de la Corporación, al que preguntó si era o no legal ordenar que se retirara la citada pancarta. No hace falta ser un experto en leyes para advertir que una institución pública no es el sitio para proferir insultos a miembros de la Corporación.

Se ha demostrado que esta acción de protesta, en la que el equipo de Gobierno local se siente muy cómodo, forma parte de una ‘kedada’ a través de las redes sociales y así se ha podido constatar gracias a la captura de algunos mensajes de grupos de Wasapp y Facebook. Se da la circunstancia de que quienes han tomado como trabajo reventar los plenos son simpatizantes de una izquierda radical que se autodenominan activistas sociales. El ambiente durante los plenos en el Ayuntamiento de Cádiz es irrespirable, insoportable y parece que el regidor, José María González, no piensa mover un dedo para que este tipo de actuaciones queden fuera del Salón de Plenos. El PP tiene previsto llevar el caso ante la justicia y que sea un juez el que dictamine.