Impuesto de sucesiones

Hace unas semanas que las primarias del PSOE han quitado protagonismo al tema que anteriormente centraba la atención informativa, el impuesto de sucesiones. Pero que el asunto haya pasado a ocupar un puesto secundario en el debate político no significa que la discutida tributación haya dejado de interesar a los españoles. En concreto, a todos aquellos que no tienen medios, ni capital, para organizar algún entramado, por supuesto legal, que les permita abordar de manera beneficiosa el asunto; o a aquellos que no pueden permitirse el lujo de un cambio de residencia; o a aquellos para los que eso de limitar la estancia en el país a menos de 180 días es algo de ciencia ficción que solo se ve en películas o en las páginas de papel cuché sobre la jet set.

En definitiva, a los españoles que, con mayor o menor suerte pero en cualquier caso por trabajo y esfuerzo personal, han llegado a tener, tras años de sacrificios, un piso, algo en la cuenta corriente, y en algunos casos, hasta un apartamento para el verano. O sea, la mayoría. Hace unas semanas, cuando el debate estaba candente y se discutía sobre el trato diferente que recibe el ciudadano según resida en una u otra comunidad, los responsables políticos respondieron con eso que ahora se llama hacer pedagogía; es decir, ilustrarnos sobre todo aquello de lo que, obviamente, no nos enteramos. Y así nos explicaron que se trata de un tributo cedido a las autonomías para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ante ello, a uno le entra congoja y se pregunta cómo se puede ser tan desalmado para pedir quitar un impuesto del que dependen servicios tan necesarios. Y, por supuesto, qué falta de solidaridad por parte de la gente que vive en esas regiones donde el susodicho impuesto prácticamente se ha eliminado. Claro que, a continuación, uno se pregunta cómo pueden vivir esos mismos ciudadanos sin sanidad, sin educación y sin servicios sociales. Y va y resulta que también ellos tienen recursos sociales y escuelas y hospitales públicos. ¿Cómo lo harán? Para saberlo tendremos que recurrir de nuevo a la ilustración que los nuevos pedagogos políticos nos ofrecen.

En Andalucía, para derribar esos mitos que nos tenían absolutamente confundidos, se ha desarrollado una aplicación informática para ver lo que se tiene que pagar. Claro que si alguien no tiene hijos no puede entrar en la pedagógica herramienta y uno termina por preguntarse si a las posibles diferencias geográficas no se les suman también las personales. Parece que, a esta altura de la película, lo que está claro es que el que menos tiene que decir sobre el destino de lo que haya podido ahorrar toda su vida es precisamente uno mismo. Así que los singles, las parejas heterosexuales que, por las razones que sean, no han tenido hijos o las parejas homosexuales que no han tenido los medios o la oportunidad de adoptar que vayan diciendo a sus seres queridos más cercanos que tendrán que rascarse el bolsillo para disputar con la administración por el pequeño negocio o el piso en el 4º C sin ascensor. No deja de ser curioso que los mismos nuevos pedagogos proclamen a los cuatro vientos la igualdad entre los diferentes núcleos familiares. Una igualdad que, por lo que se ve, exige el paso previo por caja.