Todo el peso de la Ley y la Constitución

Los representantes de Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer el proyecto de lo que estos grupos denominan « ley de transitoriedad ». Es la norma con la que pretenden regular la transición hacia la república catalana una vez que el «sí» a la independencia gane el referéndum del 1 de octubre. Como se ve, para llegar a esa república catalana se tienen que cumplir muchas condiciones, todas ellas imposibles por la simple razón de que vulneran la Constitución. Sin embargo, lo legal es lo que menos importa a los separatistas. La sucesión de acontecimientos en los últimos días demuestra que el nacionalismo ha perdido por completo el sentido de la realidad y el sentido de la moral. Ha tenido la suficiente desfachatez para reconvertir los atentados de Barcelona y Cambrils en supuestas pruebas de la aptitud de Cataluña para ser un Estado independiente, a través principalmente de la eficacia demostrada por los Mossos d’Esquadra en la eliminación física de seis terroristas, que para entonces habían matado a dieciséis personas después de organizarse tranquilamente como grupo terrorista durante meses. Ha escupido en la mano que le ofrecía solidaridad desde el resto de España y ha preferido atacar al Rey Felipe VI antes que a los asesinos de las Ramblas y del paseo marítimo de Cambrils. No hay más que hablar. El bodrio pseudo jurídico presentado como «ley de transitoriedad» -que no merece ni ser comentado- borra cualquier posibilidad para un requiebro dialogado de última hora que evitara lo que será inevitable: la aplicación de medidas de protección constitucional al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , ratificó el apoyo al Gobierno mediante una llamada telefónica a Mariano Rajoy. Es fácil perder la cuenta de las veces en que Sánchez ha manifestado su apoyo al Gobierno para, a renglón seguido, desmarcarse del Ejecutivo. A poco más de un mes del supuesto referéndum es hora de concretar qué van a hacer los dos grandes partidos y el Gobierno para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Su satisfacción recíproca por el apoyo de palabra que se brindan unos a otros acaba convertida en un lastre para la toma de decisiones por parte del Gobierno, mientras la mayoría separatista del Parlamento catalán sigue impulsando el proceso de independencia, sin importarle las suspensiones que acuerde el Tribunal Constitucional ni disuadirle las -leves- inhabilitaciones impuestas hasta el momento. Es cierto que Cataluña no será independiente , pero no hay que conformarse con esta obviedad cuando las instituciones que la Constitución legitima para el autogobierno catalán están siendo constantemente utilizadas contra el interés nacional de España sin que nadie corte de raíz este problema con las medidas que la propia Constitución prevé.