«Caballero no dice la verdad sobre los desahucios en Vigo, y lo sabe»

«Ojalá levantara el teléfono, llamara a los bancos y con ello paralizara los desahucios, pero él sabe que no es así. Caballero no dice la verdad, y lo sabe». La que habla es Carlota Pérez Conde, quien encabeza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui y Baixo Miño, después de que el alcalde de Vigo, coincidiendo con su proclamación como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sacara músculo respecto a la gestión socialista en este ámbito. Situó a los alcaldes del PSOE como «héroes» de una política social que el mismo dijo abanderar. Si bien, la ciudad que dibuja el regidor gallego, sin indigentes en las calles y sin familias en riesgo de exclusión, difiere mucho de la que Pérez Conde ve a diario.

«Nos sentimos ninguneados cuando escuchamos al alcalde decir estas cosas. Las administraciones podrán negar públicamente que existe el problema, pero la realidad es bien distinta», apunta a ABC la responsable de la PAH de Vigo. «Cuando Caballero sacó pecho respecto a este tema nosotros le enviamos por Twitter una foto con la pila de expedientes abiertos que tenemos en la oficina. Es cierto que si se compara con otras urbes en Vigo hay menos desahucios, pero los hay y eso es innegable», señala.

De los 200 que a día de hoy se gestionan en la oficina de la plataforma, entre un 50 y un 60 por ciento corresponden a la ciudad. Convencida de que es cuestión de voluntad política, acentúa especialmente el cambio de actitud de la banca. «Notamos mayor receptividad por parte de estas entidades» , dice, para referirse al caso concreto de Abanca con la que, desde que cambió de manos, «se han logrado grandes avances». En este sentido recuerda que alrededor de 75% de las hipotecas en Galicia están suscritas por esta entidad.

Para dar cuenta de la magnitud de un problema que «está lejos de resolverse», Pérez Conde recuerda que la PAH nació con fecha de caducidad y que «nunca pensamos que esto pudiera alargase tanto en el tiempo». Considera claves medidas como la dación en pago y el alquiler social y pide prestar especial atención a la pobreza energética. «No puede ser que cuanto alguien pide ayuda a los servicios sociales del ayuntamiento la solución sea pagarles un mes de pensión. ¿Y luego qué?». En este sentido vuelve a insistir en que es necesaria una mayor implicación de la administración local y autonómica.

«Más medidas»

Pese a que valora los pasos dados, como los acuerdos suscritos entre la Xunta y las entidades financieras para poner a disposición de los afectados por una ejecución hipotecaria o desahucio por alquiler viviendas de la cartera de la banca y la Sareb, o las destinadas a arrendamiento social por parte del Concello, insiste en que es necesario tomar más medidas. Cree que es una cuestión que debería trascender a un momento puntual, en clara alusión a los anuncios electoralistas, y perdurar en el tiempo.

Especialmente dura se muestra en este punto con el equipo de gobierno de Caballero, «notamos cierto distanciamiento desde que ganó con mayoría absoluta en las pasadas elecciones». «Es muy atrevido por su parte negar que existe un problema», dice.

«En la última reunión que tuvimos con Abanca, desde las cinco hasta las ocho de la tarde, cada media hora entraba una familia a negociar su caso. No se puede decir que no hay desahucios», señala con cierta indignación. Apunta con una posible solución la creación de una bolsa municipal de viviendas y que los bancos cedan inmuebles que por sus características saben que no son fáciles de vender. «Al Concello no le costaría nada negociar algo así con la banca, y a éstos últimos les saldría a cuenta pues recibirían un alquiler por viviendas que ahora les cuestan dinero, no hay que olvidar que son los principales morosos de las comunidades de vecinos», reflexiona.

«Más medidas, mayor grado de implicación y más ayudas», reclama Juan Blanco coordinador de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Avogados Novos de Vigo (OIHV). El letrado coincide con la PAH en que el problema «no ha desaparecido» y pone el acento en que «la legislación es muy favorable a la banca». En su opinión, tal y como alertó en no pocas ocasiones la Comisión Europea, «hay que cambiarla». «En profundidad, y no con parches como la ley de segunda oportunidad», señala.

Blanco asegura que la apertura constante de expedientes, señalamientos tanto en desalojos como en subastas, pone de manifiesto que este «drama social» sigue avanzando. En esta oficina, creada en noviembre de 2014 y en la que trabajan abogados de la asociación de forma voluntaria, siguen acumulándose los casos.

Al igual que Pérez Conde, valora los pasos dados a nivel político, pero entiende que «son insuficientes» y coincide en que es necesaria una mayor implicación de todos los actores implicados. Ve necesario que la banca «agilice sus protocolos internos» y que las administraciones «destinen más medios». Ambos reclaman que «de una vez por todas se deje de mirar para otro lado».