El Ayuntamiento ya puede conceder licencias de obra en el Cabanyal

El Gobierno ha logrado desbloquear la paralización del plan urbanístico del Cabanyal, encallado desde la orden ministerial que paró las obras firmada por el anterior Ejecutivo socialista.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, ha anunciado esta sábado que la revisión de la orden ministerial que suspendía la ejecución del PEPRI del barrio del Cabanyal permitirá al Ayuntamiento de Valencia otorgar licencias en el barrio fuera de la zona catalogada como Bien Interés Cultural (BIC).

Así lo ha asegurado Saenz de Santamaría en Valencia durante la presentación oficial de Alberto Fabra como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, en la que también han participado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Ha explicado que en el proceso de revisión de esa orden, el Ayuntamiento podrá otorgar licencias "de manera rigurosa y caso a caso, como nos gusta hacer las cosas a la gente del PP".

Saenz de Santamaría ha destacado que Valencia es uno de los destinos favoritos del resto de españoles y es elegida por muchos extranjeros para visitar y conocer España, y ha considerado que eso "hay que cuidarlo", y que Barberá podrá "seguir haciéndolo" gracias a la revisión de esta orden.

En enero de 2010 y durante el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), el Ministerio de Cultura ordenó la paralización "inmediata" del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal (PEPRI), a través de una orden que calificaba esta actuación municipal de "expolio del patrimonio histórico" del barrio.

La decisión se produjo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 25 de mayo de 2009, que ordenaba al Ministerio a pronunciarse sobre el expolio una vez recibidos los informes técnicos preceptivos.

La orden ministerial declaraba "la obligación de suspender inmediatamente la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior" y requería a la Generalitat para que suspendiera "todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan".

Según explicó entonces el Ministerio, la orden estaba avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y otra del Supremo, que ratificaban la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico contra el expolio.