Compromiso con rango de ley

Inesperado golpe de efecto. La batería de medidas presentadas ayer por el Grupo Parlamentario Popular para regenerar el modelo político de Castilla y León constituye un autentico revulsivo del debate regional e, incluso, nacional, puesto que se plantea ni más ni menos que a través de la fórmula de reforma del Estatuto de Autonomía. Para más «inri» ha cogido con el pie cambiado al «nuevo» PSOE de Tudanca, que rápidamente salió ayer a rechazar parte de estas propuestas y dejar bien claro que no van a pasar por el recorte de procuradores y exclusividades. La primera conclusión, por tanto, es que esta iniciativa no parte de ningún consenso previo, lo que dificulta su materialización tal y como ha sido planteada, teniendo en cuenta que se necesita una mayoría de dos tercios.

En segundo lugar, que apenas dará tiempo siquiera a iniciar el camino de cualquier negociación en lo que queda de legislatura, ya que las Cortes se disuelven en marzo.

A pesar de ello, todas y cada una de las medidas incluidas en esta iniciativa parlamentaria responden a lo que la ciudadanía está demandando en estos momentos: transparencia y poner ciertos límites a la vida política donde antes no los había. No obstante, nuestro parlamento ya es ejemplo en eficiencia, y reducir aún más el ya ajustado número de procuradores liberados podría ir en detrimento de la propia dignidad del ejercicio político. Pudiera parecer que se tenga que hacer política en los ratos libres. A nadie se le escapa, además, que la limitación de mandatos del presidente regional estaría poniendo ya una fecha de caducidad al actual, tanto si se fijan dos como tres legislaturas. Únicamente cabría la duda si este aspecto se plantea delimitando un número de mandatos a los que se ha accedido bajo convocatoria electoral, en cuyo caso Herrera se ha presentado en tres ocasiones.