Bruselas se inquieta por la inestabilidad política en Portugal

La incertidumbre política que vive Portugal comienza a exasperar a la Unión Europea y la sombra de una sanción se cierne sobre el país vecino por poner en peligro el cumplimiento unánime del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este convenio, refrendado por todos los Estados miembros, ha cobrado un nuevo vigor desde que la fuerte crisis azota con especial beligerancia al sur del continente.

Por tanto, si Lisboa no respeta los compromisos que garantizó Passos Coelho en la anterior legislatura (como la presentación de unos Presupuestos realistas y bajar el déficit público hasta el 2,7% del PIB en 2016), Bruselas planea estrenar el sistema punitivo que hasta ahora sólo se contempla sobre el papel. Tanto es así que se han activado los mecanismos de vigilancia por parte de las dos instituciones que velan por el respeto de las reglas del juego vigentes para todos: la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

Si el presidente de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, designa finalmente al socialista António Costa como primer ministro, puede que los ajustes y recortes todavía necesarios al otro lado de la frontera encuentren dificultades para seguir en curso. En primer lugar, porque el propio PS los acepta a regañadientes, pero sobre todo porque sus socios de la izquierda radical ya han anunciado que remarán en dirección contraria.

Cuando decidió no dar crédito a la gran coalición que le proponía Passos Coelho, a Costa no le quedó más remedio que viajar a Bruselas para dar su palabra de que Portugal respetaría los compromisos internacionales, más aún cuando no necesitó un segundo rescate. Pero en la sede central de la UE preocupa especialmente que Portugal sigue siendo el único país comunitario que no ha hecho llegar aún sus Presupuestos para el año que viene. Cierto que se celebraron comicios, pero han transcurrido más de cinco semanas desde su celebración y la palabra ‘inestabilidad’ ya no es una perspectiva sino una realidad palpable.

Por supuesto que al país vecino no le conviene verse obligado a pagar una multa que, de concretarse, sería ejemplar para que no caigan en saco roto las advertencias de Bruselas.