Libertad con cargos para los seis detenidos por un presunto caso de corrupción en Getafe

Cinco de los detenidos por la Policía el lunes, tras la investigación iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe por presuntas irregularidades relacionadas con caso de corrupción han sido puestos en libertad sin medidas cautelares, con la excepción del investigado. A este, que responde a las iniciales V. N. T., se le ha impuesto que comparezca los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial.

Cinco de los detenidos han pasado a disposición de los Juzgados de Madrid, dado que fueron detenidos en la capital. El que permanece en prisión declaró en los Juzgados de Getafe, localidad en la que fue arrestado. Sobre este investigado pesa la imputación de revelación de secretos.

Falsedad documental, malversación...

El resto de los investigados se enfrentan a los cargos genéricos de falsedad documental, malversación y otros, según el atestado policial. Tras proceder a la mera legalización de la situación personal de los detenidos, el juzgado de Madrid ha acordado la inmediata inhibición al juzgado de Getafe.

El caso se destapó este lunes cuando la Policía Nacional acudió a registrar diversas sedes del Ayuntamiento getafense, así como domicilio sociales y particulares de Madrid. Los trabajos policiales se dirigieron contra varios arquitectos municipales y contra las actividades que desempeñaba su oficina, en relación con posibles irregularidades en contratos de obra pública, según las mismas fuentes.

Los agentes solicitaron a los funcionarios documentación sobre varias obras municipales, entre ellas las del antiguo Teatro de Madrid en la época en la que era alcalde Juan Soler (PP), según han indicado a ABC fuentes cercanas a la investigación, que no descartan que se produzcan más detenciones a lo largo de las diligencias.

Estas pesquisas policiales están relacionadas con la gestión del gobierno municipal del PP durante la pasada legislatura –entre 2011 y 2015– cuando era alcalde Juan Soler, que ahora es senador en la Asamblea de Madrid.

El proyecto fue licitado en 2013 e incluso se llegó a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para permitir que el teatro dispusiese de una altura de seis plantas cuando no estaba permitido en esa zona. La actual alcaldesa Sara Hernández anunció la pasada semana la resolución del contrato con Dragados como empresa encargada de la construcción del teatro al detectar que se requería una modificación superior al 26% del valor inicial para poder continuar las obras, un porcentaje superior al que permite la ley sin modificar el contrato.

La alcaldesa criticó entonces que el proyecto estaba «mal elaborado» y añadió que las obras están actualmente ejecutadas en un 22 %, de modo que se hará un nuevo proyecto con el objetivo de que el teatro esté finalizado en el año 2017. La nueva regidora, ya había paralizado en junio las obras por impago, mientras que Soler tildó aquella decisión de «incapacidad para gestionar».