El Gobierno central denunciará el sistema de contratación de Carmena

El Gobierno central denunciará ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la instrucción de la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena. El nuevo decreto, elaborado por el equipo de gobierno de Ahora Madrid, que entró en vigor el pasado 19 de enero, incorpora determinadas cláusulas sociales en las licitaciones realizadas entre la administración local, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal.

Algunas de ellas, según el informe elaborado por la Abogacía del Estado, son ilegales. No se ajustan a la Constitución, vulneran el Estatuto de los Trabajadores, así como la normativa de la contratación pública.De ahí que la Delegación del Gobierno que preside Concepción Dancausa, encargada de supervisar la legalidad de dichos acuerdos municipales, haya decidido impugnar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo varios apartados, a tenor de las conclusiones de la Abogacía del Estado.

Y todo ello, después del requerimiento que le realizó a Carmena, con fecha de 18 de marzo, para que en el plazo de un mes modificara el contenido de esas directrices, respetando el régimen competencial.

La callada por respuesta

El resultado ha sido la callada por respuesta, por lo que Dancausa ha solicitado a los letrados que emprendan las acciones legales oportunas. La nueva instrucción no tiene una aplicación directa, es decir, que tienen que ser los órganos de contratación los que incluyan en sus expedientes dichos requisitos sociales en los pliegos de condiciones. La Delegación considera que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales, que corresponde al Estado, en base al artículo 1149.1.7º de la Constitución, indicaron las mismas fuentes.

Los aspectos que vulneran la legalidad, a su juicio, son dos. El primero es el relativo a la subrogación de los trabajadores del anterior contratista, un extremo que corresponde a la negociación colectiva. «No lo puede imponer la administración, según establece el artículo 37 de la Constitución, y, además, vulnera la norma de contratación pública y el Estatuto de los Trabajadores», precisaron desde la Delegación del Gobierno. Y, en segundo lugar, consideran ilegal el hecho de primar el mantenimiento de la plantilla adscrita a la administración local.

A su juicio, la subrogación supone una barrera para que las empresas pequeñas liciten, mientras que la discriminación positiva del personal que trabaje para el ayuntamiento implicaría, por ejemplo, que en el caso de un ERE, se libraran del mismo, al no poder suspender o extinguir el contrato, no así el resto de sus compañeros que estuvieran trabajando para terceros. Todo ello establece una discriminación injustificada, al tiempo que invade elementos propios de las relaciones laborales.

1.600 millones al año

Las mismas fuentes consideran que lo lógico sería que hasta que no se pronuncien los tribunales, el ayuntamiento excluyera los preceptos en liza. Este asunto no es baladí, ya que afecta a todos los contratos del ayuntamiento: la limpieza, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, etc. Este año, por ejemplo el volumen de los bienes y servicios del consistorio asciende a los 1.600 millones. Por ello, Dancausa ha solicitado, además, que, para evitar males mayores, se suspenda dicha instrucción.