La Xunta destinará 156 millones extra a empleo y servicios sociales

Estaban pendientes de materialización, pero la Xunta sabía desde comienzos de año que tendría un pico millonario procedente de las liquidaciones positivas de IVA e IRPF de ejercicios anteriores para añadir a su contabilidad de 2017. En abril ya se lo comunicó Soraya Sáenz de Santamaría a Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a Compostela.

Ayer la Xunta anunció una ley exprés para poder añadir esos 230 millones de euros al Orzamento del presente ejercicio. El trámite legislativo en el Parlamento será obligado al suponer una modificación sustancial del texto presupuestario, superando incluso el techo de gasto previsto en el año. La idea es que el texto legislativo supere el trámite en O Hórreo a lo largo de julio, mismo mes en que se prevé aprobar el techo de gasto para el próximo año 2018.

Cero espera en Risga

Del montante total, 113 millones se destinarán a gasto social —educación, sanidad y servicios sociales—, otros 42 irán a parar a políticas de reactivación económica y una partida de 73 servirá para sufragar el aumento del 1% en el salario de los empleados públicos —incluidos los altos cargos— y la restitución del complemento específico de sus pagas extraordinarias, suprimido durante los años duros de la crisis. La medida tiene carácter retroactivo, por lo que en la nómina de julio se les abonará lo correspondiente al primer semestre del año.

Según detalló el presidente de la Xunta tras la reunión semanal de su gobierno, 60 millones irán para el Sergas —con los que cubrirán la universalización de los fármacos de la hepatitis C, la construcción de centros de salud o el aumento de la actividad para rebajar listas de espera—, 14 para Política Social —el objetivo es incorporar a 3.000 nuevos dependientes en el semestre y sumar mil perceptores más de la Risga para dejar a cero la nómina de solicitantes—, 11 para Educación y 5 para ayudas al empleo.

En el apartado de infraestructuras, habrá una primera partida para el equipamiento del Auditorio de Lugo, 19 millones para la red viaria autonómica, otra para crear y poner en marcha la Agencia de la Industria Forestal, inyecciones menores para programas de reformas domésticas, innovación y ferias turísticas, y una última ayuda «para paliar la situación de los gallegos en Venezuela».