Los padres del agresor de Rajoy quieren reunirse con él

El ataque al presidente del Gobierno le costará al agresor su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores por un periodo máximo de seis meses. Así lo decidió a última hora de la tarde de este jueves la juez de guardia de Pontevedra tras escuchar a A. V. F., de 17 años, que permaneció durante más de once horas en dependencias judiciales. Se trata de una medida cautelar que podrá ser prorrogada o suspendida por el Juzgado de Menores de la ciudad. El adolescente ya pasó su primera noche en un centro de la Xunta en Orense.

Según explicó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, la juez de guardia adoptó esta medida a petición del Ministerio Público.

El delito que se le imputa al menor es el de atentado con el agravante «de circunstancia de extraordinaria gravedad» por haberlo perpetrado contra el presidente del Gobierno, tipificado en el artículo 550 del Código Penal. La pena, al tratarse de un menor, es de entre seis meses y seis años de internamiento. Aladro insistió en que se trata de «una medida cautelar» de la instrucción, «la más leve posible», y previa a la posterior fase de enjuiciamiento.

Por la mañana, el abogado del agresor entendió que este está «arrepentido» por el asalto a Rajoy, aunque no aclaró si pedirá perdón públicamente. Jorge Cubela rechazó cualquier vinculación del adolescente «con ningún partido político u organización de cualquier tipo». «No es consciente de mucho, está en una burbuja», reveló; «en el fondo él también es una víctima», razón por la que pidió salvaguardar su intimidad.

Sin lecturas políticas

Ajeno a la polémica, Rajoy no varió su rutina diaria y restó importancia a la agresión sufrida por las calles de su ciudad. De hecho, aclaró que no presentará denuncia. En sendas entrevistas telefónicas en televisión, el presidente del Gobierno pidió «no extraer consecuencias políticas» del incidente porque «estamos ante la excepción que confirma la regla». Rajoy aseguró que seguirá haciendo campaña a pie de calle y que no debe cambiarse «absolutamente nada», tras cuestionarse el dispositivo de seguridad que lo rodeaba en el momento del asalto. «No ha habido fallo de seguridad y es imposible evitarlo», dijo para zanjar el debate abierto.

«Este es un país de gente estupenda; nadie debe cambiar su rutina y yo no lo haré», añadió. Posteriormente participó en un desayuno informativo en Barcelona y, por la tarde, acudió a Bruselas para participar en el Consejo Europeo, donde recibió el cariño de los principales líderes del continente. Lo hizo con gafas nuevas: «Me las mandaron desde Madrid». Sin ellas «veo bastante mal», dijo.

Consternación familiar

La noche en la vivienda familiar del agresor, en la céntrica calle Rosalía de Castro de la capital pontevedresa, fue interminable. «Los padres no han podido dormir», explicaron fuentes cercanas a ABC; «les han recomendado que cierren las cuentas en redes sociales de su hijo, pero no han podido ponerse en contacto con él». Estaba detenido bajo vigilancia en la comisaría de la vecina localidad de Marín, al estar en obras la de Pontevedra.

«Están hundidos, imagínate», añadían. Tan pronto como le fue posible, y a través de un amigo común, el padre del menor expresó a Rajoy «en mi nombre y en el de mi familia» sus más sinceras disculpas por la agresión, un gesto que querrán repetir en persona, «pero que entiende que será después de las elecciones, cuando no estén todos los focos puestos en ellos», indican amigos próximos a la familia, que además es simpatizante del PP, partido al que también pidieron perdón a través de sus responsables locales. «Están sobrepasados», comentó a los periodistas el abogado de la familia.

A pesar de que distintas informaciones relacionaban familiarmente a la madre del adolescente con la mujer de Rajoy, Elvira Fernández, el propio PP aclaró que se trataba de un «parentesco no directo». De hecho, la abuela del menor era tía del suegro del presidente del Gobierno –ambos ya fallecidos–, y según indicaron a ABC fuentes próximas «las familias no tenían relación alguna», a pesar de vivir en la misma calle.

«Ha sido un niño conflictivo», añadían, «y de ahí las dos expulsiones» de los centros en que estuvo previamente matriculado, los colegios privados de SEK-Atlántico y Los Sauces, en Pontevedra. En la actualidad cursaba estudios en un centro público de la ciudad, a poca distancia de donde se produjo el incidente con el presidente del Gobierno.  Se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico –situación ignorada por sus compañeros y amigos, según reconocieron a ABC–, y de hecho su terapeuta acudió a Marín junto con su padre una vez fue trasladado a la comisaría.

En la mañana de este jueves el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Pontevedra y, seguidamente, se le sometió a una evaluación por un psicólogo y un trabajador social para determinar su estado, examen que se prolongó durante cuatro horas. A las cinco de la tarde comenzó a prestar declaración ante el juez de menores de Pontevedra, en compañía de su abogado. Poco antes de las nueve se conocía la decisión que adoptaba la magistrada de guardia.