Compromís secunda las tesis de Ada Colau y el Gobierno catalán para aplicar la tasa turística

La Comunidad Valenciana sigue la senda de Cataluña y Baleares en materia fiscal. La implantación de la tasa para gravar las pernoctaciones turísticas afectaría especialmente a los viajes organizados que contratan turoperadores para atraer turistas extranjeros a destinos como Benidorm, Gandía o Peñíscola. Aunque la Generalitat calcula que recaudará treinta millones de euros anuales con el nuevo impuesto, (la deuda pública roza los 42.000 millones), la aplicación de una tasa ahuyentaría a los grandes touroperadores y desviaría turistas, especialmente rusos y británicos, a otros destinos de sol y playa que no cuentan con carga fiscal añadida, según lamentan empresarios del sector.

Además, las patronales apuntan a las particularidades de los destinos valencianos frente a los catalanes o baleares

, que son las únicas autonomías españolas que aplican el gravamen.

El debate se solapa con la nueva tasa que pretende implantar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para los turistas que pasan el día en la ciudad pero no pernocta. Una política fiscal que, en la Comunidad Valenciana, tiene sus adeptos en Compromís.

De hecho, la primera en plantear la posibilidad de aplicar el nuevo impuesto en la Comunidad Valenciana fue la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, propuesta para el cargo por los nacionalistas.

Ferrando aseguró en sede parlamentaria el pasado mes de octubre que «cuestionaremos en el próximo ejercicio fiscal (2017) poner un impuesto de pernoctaciones turísticas que es una forma de no gravar a nuestros conciudadanos».

La patronal Hosbec, la más poderosa de la industria turística de la Comunidad Valenciana, ya ha trasladado al Consell su rechazo a la tasa, que considera «muy injusta». Para ello, cuentan con el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, como aliado. Sin embargo, el sector de Compromís está por la labor de aplicar el nuevo impuesto a partir del próximo año, conforme avanzó ABC.

El Ejecutivo de Ximo Puig se ha mirado en el espejo del Gobierno catalán, que aplica la tasa desde 2012 y recauda 41 millones de euros al año. Mientras, el Gobierno de Baleares aprobó a principios de año la aplicación del impuesto, que supone el cobro de una tasa diaria de entre 0,25 y 2 euros para los visitantes del archipiélago mayores de 15 años que se alojen en establecimientos reglados, lo que supondrá una recaudación anual de unos 80 millones de euros.

En este contexto, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) y la Federación de Hoteles han celebrado la primera reunión de un grupo de trabajo para constituir un 'lobby' o grupo de presión turístico de carácter autonómico. El rechazo a la tasa turística es una de sus prioridades.