El presidente de la Junta, junto con los responsables de las Cámaras de Castilla y León
El presidente de la Junta, junto con los responsables de las Cámaras de Castilla y León - ICAL
Economía

Las Cámaras critican unas cuotas que «no nos salvan» y exigen financiación pública

Creen que serán pocos los empresarios que realicen las nuevas aportaciones voluntarias incluidas en la ley a cambio de un «sillón» en los futuros plenos

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Las Cámaras de Comercio siguen sin recuperarse del «golpe» que les supuso la decisión del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de suprimir las cuotas obligatorias que aportaban -variable en función de su tamaño- todas las empresas censadas en el país. Cinco años después de aquella decisión, los cambios normativos, de funcionamiento y organización de la nueva ley no acaban de satisfacer a estas entidades centenarias que, en la mayoría de los casos, se han visto obligadas a recortar plantillas y ajustar al máximo sus gastos para poder seguir adelante. En Castilla y León, el descontento y la inquietud son los sentimientos generalizados entre las catorce que subsisten. Gran parte de ellas -el resto lo hará estos días- ya han cumplido con la obligación emanada de la nueva norma nacional y de un decreto de la Junta de remitir al Ejecutivo Autonómico su adaptación a un nuevo régimen jurídico.

A nivel general, supondrá la reducción del número de vocales y la creación de un nuevo grupo de «elegibles» para los nuevos plenos -una sexta parte del total- con la particularidad de que serán empresarios privados los que aspiran a ocupar estos «sillones» cambio de que realicen una aportación voluntaria que se ha fijado en cada una de las entidades.

Salvo escasas excepciones que ya tenían regulados esos pagos -que incluyen la prestación de algunos servicios-, la mayoría de las entidades de la Comunidad han tenido que «inventarse» ahora unas cantidades que llegan hasta los 4.000 euros anuales que pide Segovia, pero que en general rondan los mil euros que se deben abonar antes de las elecciones -para las que aún no hay fecha- y durante los cuatro años de mandato previsto. Más allá de las dudas que ha tenido cada una para fijar el precio porque «no había experiencias previas», como explica el secretario general de la Cámara de Segovia, Gonzalo Ruiz, la mayoría descarta una respuesta masiva. «Es un momento complicado para realizar aportaciones de este tipo», incide Julio Saurina desde la Cámara de León en la misma línea que en Béjar, que esperan que «alguien habrá». En las más adelantadas se ha producido ya «un goteo» de pagos. Los siete que se han «apuntado» en Palencia son sólo un ejemplo. Ninguno se atreve a pronosticar cuántos se sumarán finalmente. En todo caso, será tras la «esperada y exigida» convocatoria de las elecciones por parte del Gobierno -aún no se sabe la fecha- cuando puedan «animarse» algo más, según apuntan desde Valladolid.

«No nos salva de nada»

En lo que todos coinciden es que si el objetivo del Gobierno cuando hizo la Ley era el de que las Cámaras se autofinanciaran con estas cuotas se ha equivocado totalmente. «No nos salva de nada; lo que se recaude será insignificante», resumen desde León, mientras que otras Cámaras dudan de que el dinero que se ingrese por esta vía «suponga una sexta parte de todo el presupuesto».

Las empresas que finalmente se animen a realizar las aportaciones pugnarán por ocupar las vocalías de «pago», cuyo número variará en función -2, 3 y 6- del censo de cada Cámara. Sin descartar que en alguna de ellas esas sillas queden «desiertas» porque nadie quiera abonar las cantidades fijadas, en el caso de que haya más «pagadores» que sitios reservados en el nuevo plenario, el decreto regional marca que habrá que realizar una votación entre los propios cotizantes hasta que se decida qué empresas obtienen el «puesto».

En medio de estos cambios normativos que no convencen a las Cámaras, éstas reclaman que el Ejecutivo central convoque cuanto antes el proceso electoral, aunque ninguna se atreve a aventurar una fecha para unos comicios que ya llevan un año y medio de retraso y que está provocando cada vez más ausencias en los plenos hasta el punto de que en varias entidades se han tenido que suspender las reuniones por falta de «quórum». Además, reclaman a la Junta que haga una Ley propia y que en ella contemple las encomiendas de gestión -servicios que den las Cámaras de forma exclusiva y con fondos fijados- como única forma de revertir la complicada situación económica en la que se encuentran muchas de ellas desde hace años.

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