Dos consejeras y un diputado de Ceuta detenidos por corrupción

Ceuta vivió ayer una sacudida política como pocas veces se recuerda. La Policía puso en marcha una operación policial en la que fueron detenidas dos consejeras del gobierno de la ciudad autónoma: la de Educación y Cultura, Rabea Mohamed, y la de Hacienda, Susana Román, y un diputado, Mohamed Ali, cabeza de lista del segundo partido de la oposición, Coalición Caballas. La acusación: supuestamente, cobrar comisiones a cambio de la concesión de viviendas de protección oficial. Una trama corrupta en la que hay un detenido más, el exviceconsejero de Vivienda y exgerente de la empresa municipal de la Vivienda, Antonio López.

Las fuentes consultadas por ABC precisaron que la investigación comenzó por la denuncia presentada por una persona a la que presuntamente se le pidió una cantidad de dinero por tener acceso a esas viviendas.

Bien porque no estuviera dispuesto a pagar o porque no tenía la cantidad que le fue exigida, lo cierto es que se rompieron esas conversaciones y el implicado decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía. Ha sido la Udyco de Ceuta la que ha llevado el peso de las pesquisas.

La consejera de Educación y Cultura fue arrestada cuando participaba en una reunión de la Comisión de Patrimonio, y en dependencias policiales se esperó a la consejera de Hacienda, Susana Román (PP), que estaba camino de Madrid en un viaje oficial y que también se personó a declarar porque «no tiene nada que ocultar». El diputado Ali también se personó en la Jefatura Superior de Policía, tras no ser localizado por los agentes en su despacho profesional.

Arresto el martes

Los tres arrestados ayer son diputados autonómicos y durante la legislatura 2011-2015 formaban parte también de la Comisión Local de la Vivienda, Mohamed representando al PP, Ali a Caballas y Román como consejera de Fomento. Sus detenciones han seguido a la practicada el pasado martes en Marbella del exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, cuyas viviendas en la costa andaluza y la Ciudad autónoma han sido registradas, interviniéndose numerosa documentación que va a ser analizada. Ayer mismo pasó a disposición judicial.

Según informaron a Efe fuentes próximas al caso, las detenciones son consecuencia de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta por presuntas irregularidades en la entrega, en 2015, de 317 viviendas de protección oficial en la ciudad. El caso comenzó tras la publicación en un medio de comunicación de una lista de adjudicatarios de unas viviendas de protección oficial en junio de 2015, ante lo cual el Gobierno de la ciudad autónoma negó que hubiera ninguna trama al respecto.

Los investigadores de la UDyCO han investigado y solicitado información no solo de la última promoción de viviendas de protección oficial y por la que surgió el caso, sino también de promociones anteriores por si se detectan irregularidades.

«Absoluta confianza»

Rodeado de buena parte de sus consejeros y la secretaria general del PP de Ceuta, Yolanda Bel, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quiso ser «prudente y responsable» en su valoración de «las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo y que han afectado a dos miembros del Gobierno». En declaraciones a los medios dijo que él y su equipo tienen «absoluta confianza y convencimiento de que son absolutamente inocentes». «Ni siquiera sabemos de qué se les acusa», destacó Vivas, que también extendió la «presunción de inocencia» a Mohamed Ali. Las acusaciones contra los detenidos, según las fuentes consultadas, son las de malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.