La eliminación de diputaciones supondría un ahorro de 1.200 millones para el Estado

La supresión de las diputaciones provinciales españolas supondría un ahorro de 1.200 millones de euros a medio plazo. Los efectos de su eliminación inmediata serían de 588 millones. Estas son las principales conclusiones que se desprenden del estudio «Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario», realizado por el instituto «¿Hay derecho?», que este martes hará una presentación del informe en la Fundación Dario Madrid.

El debate sobre la eliminación de las diputaciones provinciales ha estado presente desde hace varios años. Todos los partidos políticos incluyeron en sus programas electorales de cara a las elecciones del 20 de diciembre una mención a su futuro. ¿ Sirven para algo las diputaciones? Mientras que el PP defiende que se mantengan, el resto de formaciones políticas abogan por su supresión.

Según las cifras que aporta el estudio, el ahorro potencial en el corto plazo sería de 588 millones de euros, de los 6.300 que los presupuestos de todas ellas sumaron en 2015 –en el caso de que se suprimiesen sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes–. Solo mantener los órganos de gobierno cuesta 140,5 millones y las transferencias que reciben sin una finalidad concreta alcanza los 446,9.

Así, se eliminaría su principal coste político, ya que desaparecían los gastos asociados a los órganos de gobierno y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entes y otras administraciones.

En el medio plazo los ahorros serían «significativamente mayores» gracias, entre otras cosas, a la integración de los servicios que prestan las diputaciones en los que ofrecen las delegaciones provinciales de las comunidades autónomas, lo que evitaría duplicidades.

En total, el informe señala que se podrían ahorrar 1.200 millones de euros. La mayor partida correspondería a la diputación de Lleida, ya que su eliminación supondría un ahorro de 94,7 millones de euros; a la de Lugo, con 81 millones, y la de Zamora, de 69 millones.

No obstante, advierten de que su posible supresión no debería conllevar en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Las conclusiones apuntan a un disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la «irracionalidad» de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y a la conveniencia de abordar una reforma en profundidad de estas instituciones.

Propuestas de los partidos

La única formación que mantiene su «compromiso» con las diputaciones es el PP: «seguiremos potenciando su papel imprescindible en la coordinación para la prestación integral y adecuada de servicios públicos en los Ayuntamientos».

Tanto Podemos como Ciudadanos incluían en sus programas electorales la supresión de las diputaciones. El partido de Pablo Iglesias abogaba por una «progresiva asunción de competencias y recursos» hasta su eliminación.

Por su parte, el PSOE pronía modernizarlas «reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes». Sin embargo, tras el acuerdo sellado con Ciudadanos el pasado febrero, el PSOE se suma a los partidos que se comprometen a su eliminación.