Cuando Gallardón planteó sancionar a los medios por las filtraciones judiciales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se declaró ayer miércoles partidario de «someter a debate y reflexión» si se debe sancionar la filtración de informaciones que estén bajo secreto de sumario, y a la prensa por publicarlas, con el fin de salvaguardar la presunción de inocencia.

Hoy ha rectificado: el ministro se refirió a un debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo, donde se está debatiendo una directiva «sobre presunción de inocencia». «Ese es el debate el que yo me refería —ha dicho—, a la necesidad de garantizar la presunción de inocencia. No hice ninguna propuesta de sanción ni nada que se le parezca».

Pese a que la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación no está en la agenda del Gobierno, según Catalá, el anterior ministro de Justicia ya planteó esta cuestión.

Alberto Ruiz-Gallardón se enfrentó a intensas críticas por proponer en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluía «un sistema severo de sanciones administrativas» para evitar las filtraciones en los casos en los que una investigación esté protegida por el secreto de sumario.

Gallardón defendió en marzo de 2012 que dichas sanciones se aplicarían «en aquellos casos en los que se acredite la identidad de qué personas han procedido a revelar el secreto de sumario». El objetivo de estas sanciones era proteger las investigaciones.

«El secreto de sumario no se hace por un afán ocultista por parte de los jueces sino porque el conocimiento de determinados hechos puede perjudicar la investigación», explicó el exministro de Justicia, quien denunció la tendencia a romper el secreto de sumario «de forma sistemática».

El primer borrador de su Ley de Enjuiciamiento Criminal abordó un sistema de sanciones «severo» para castigar a los responsables de las filtraciones, así como la de limitar a un mes el tiempo máximo durante el cual un sumario podrá permanecer secreto. Pero el exministro dimitió antes de sacar adelante la ley y Catalá rechazó incluir la medida en su reforma.

Catalá ha defendido hoy que los proyectos que tiene el Gobierno sobre la mesa son la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proyectos que van «encaminados a reforzar las garantías de los derechos» y el sistema de libertades.