De promover la dispersión a demandar el acercamiento de los presos etarras

Joseba Azkarraga, miembro de Eusko Alkartasuna, impulsó en la década de los ochenta, junto al exministro de Justicia Enrique Múgica, la política de dispersión, al considerar que con ella los presos de ETA podían eludir mejor la férrea disciplina de la dirección de la banda y acogerse a medidas de reinserción.

Ahora encabeza, junto a la antigua subdirectora de «Egin» Teresa Toda, la plataforma Sare (Red), que tiene como objetivo reivindicar la concesión de beneficios para los presos de ETA, comenzando por su acercamiento a cárceles del País Vasco, como antesala para su puesta en libertad. Lo que hace años era un instrumento válido para aquellos reclusos que querían abandonar la estrategia terrorista, ahora, para Azkarraga, más que inoportuno, es «ilegal», provoca sufrimiento, también entre los familiares de los presos y dificulta el camino hacia la paz.

Según el manifiesto leído por Toda y Azkarraga para llamar a la participación en la marcha convocada el 10 de enero, «desde hace más de 25 años, los derechos de miles de personas son vulnerados dentro y fuera de las prisiones» de forma «planificada y fruto de una decisión política basada en el dolor y la venganza». Según ambos portavoces de Sare, se trata de «un castigo añadido a las personas presas y sus familiares, un castigo no legal». En este sentido, reiteran que «la dispersión no ha sido legal nunca; nunca ha tenido razón de ser, como no sea la de intentar hundir y doblegar a las personas, y nunca ha tenido sentido, y menos aún hoy, en la nueva situación que vive Euskal Herria, en la que dar soluciones justas y duraderas a todas las graves consecuencias del conflicto es la voluntad muy mayoritaria de la sociedad vasca». ¿Tampoco era legal en los años ochenta, cuando el propio Azkarraga reivindicaba la dispersión?