Sacyr recurrirá la resolución del contrato de la presa de Alcolea

La obra de la presa de Alcolea, una de las últimas grandes infraestructuras hidráulicas que se están promoviendo en Andalucía, ha entrado en un momento de tensión. Este embalse —junto a la construcción del canal de Trigueros— está destinado a poner en regadío más de 30.000 hectáreas en pueblos onubenses como Gibraleón, Valverde o Beas, con lo cual propiciará una transformación agrícola en estas comarcas.

Tras pasar por una larga tramitación ambiental, se adjudicó en 2008 a la UTE Presa de Alcolea (liderada por Sacyr) por un importe inicial de 52 millones de euros, aunque las obras no comenzaron hasta 2015. El 50% es una inversión que corresponde al Gobierno Central y el otro 50% lo pagarán finalmente los propios regantes abonando un canon sobre el agua consumida (aunque inicialmente está financiado por la Junta de Andalucía).

En este momento la UTE Presa de Alcolea estaba en conversaciones con Acuaes (empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) ante la necesidad de dar solución «a las nuevas circunstancias técnicas que afectaban a la marcha de los trabajos y que no habían sido tenidas en cuenta anteriormente». Esto implicaría un sobrecoste que se plasmaría en un segundo modificado de la obra que debía redactar Acuaes.

Tras meses de conversaciones en las que no se ha llegado a un acuerdo, el consejo de administración de Acuaes ha aprobado finalmente la resolución del contrato, lo que abre la puerta ahora a una nueva negociación sobre la cantidad que se deberá abonar a la constructora (el proyecto está ejecutado en un 20%). La UTE constructora recurrirá a los tribunales para solicitar esta indemnización (Sacyr ya está estudiando cuál será su estrategia legal).

El detonante que ha llevado a Acuaes a resolver el contrato ha sido la petición de la UTE de requerir la suspensión del plazo de la obra para dar solución a los citados problemas. La comisión de seguimiento de la presa de Alcolea, de la que forman parte la Junta y los regantes, ha apoyado la decisión.

Acuaes deberá iniciar ahora un nuevo expediente de licitación con la actualización de los costes del proyecto. Juan Antonio Millán, exalcalde de Cartaya y uno de los promotores del proyecto —en este momento lidera la asociación de regantes Coprehu— afirma que «tanto los regantes, como la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura están totalmente alineados y comprometidos para que la presa se culmine cuanto antes». También asegura que no hay ninguna fisura en cuanto a la gestión que se ha hecho de esta crisis.

Sin embargo, según las fuentes consultadas por ABC, la paralización de los trabajos y la resolución del contrato han generado inquietud en un grupo de regantes que temen que la medida de Acuaes provoque nuevos retrasos y un encarecimiento del proyecto. De hecho, en los últimos años, las expectativas de revalorización de la zona regada por esta nueva infraestructura han provocado un importante movimiento de compraventa de tierras. Han tomado posiciones en la zona empresarios agrícolas del levante español, que han adquirido fincas relevantes. Este segmento de inversores agrícolas temen nuevos retrasos por las vicisitudes de la presa.

Las obras del cuerpo de la presa se iniciaron en 2015 y debía estar finalizada a mediados de 2017. Las administraciones públicas han reafirmado que la construcción seguirá adelante, aunque las dudas se ciernen de nuevo en una obra que, originalmente, tenía que haber concluido en 2012.