El veto a los dividendos abre la puerta a la salida de accionistas

El Gobierno impide retribuir a inversores de empresas con ERTE o avaladas por el ICO

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño EFE

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Muchas empresas han acordado voluntariamente suspender el dividendo por la caída del negocio que sufren a raíz de la pandemia del coronavirus. Además, el Gobierno prohíbe que las compañías que soliciten un crédito avalado por el ICO retribuyan a sus accionistas, y se lo impedirá también a aquellas que apliquen un ERTE por el Covid-19. Este veto, según fuentes empresariales y jurídicas, podría provocar en último término l a salida del capital de esas empresas de inversores y dificultar la captación de nueva inversión.

Si una compañía no distribuye dividendos, los accionistas disconformes podrán ejercer el derecho de separación previsto en la ley de Sociedad de Capital , que permite salir del capital si la empresa encadena tres años en positivo y no reparte al menos el 25% de su beneficio. Esto abre la puerta a ejercer ese derecho cuando se levante el estado de alarma, pues el decreto por el que se declaró lo impide durante su vigencia.

Llegado ese caso, la compañía tendría que recomprarle sus acciones a precio razonable , lo que podría complicar más su situación financiera. Eso sí, fuentes empresariales recuerdan que en 2018 se matizó esa norma, permitiendo a las compañías excluir el derecho en sus estatutos si así lo aprueba su junta, y es previsible que muchas ya se hayan protegido.

«Es verdad que si un dividendo no se reparte mejora las posibilidades de autofinanciación , y que esta decisión puede ser prudente en un contexto de crisis. Pero si las empresas no pueden pagar dividendos, cuando apelen a sus inversores para solicitarles ampliaciones de capital pueden verse en mayores dificultades para cubrirlas, y por lo tanto, para financiar sus proyectos de inversión que pueden ser necesarios para poder trabajar en el escenario posterior a la crisis», advierten.

Entre las condiciones fijadas por el Gobierno para acceder a préstamos con aval del ICO , es decir, del Estado, no se prohíbe expresamente el pago de dividendos, pero dice que ese dinero se dedique solo a necesidades de liquidez, como el pago de nóminas y facturas. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos explican que lo que se impone es un uso finalista de esos créditos . Así, las empresas podrían usar otros fondos para retribuir a sus accionistas, pero si acuden al ICO por falta de liquidez es porque tampoco pueden pagar dividendos.

Además, y según los despachos de abogados consultados, los bancos estarían fijando en los contratos con las empresas criterios de gobernanza como la no remuneración a los accionistas.

El Gobierno también impide beneficiarse de los avales del ICO y de los ERTE a compañías con sede en paraísos fiscales, ya sea directa o indirectamente. Esta definición ha generado una enorme incertidumbre entre las multinacionales, que tener una amplia estructura societaria.

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