España dice no a los rescates públicos de empresas... de momento

La vicepresidenta Calviño no se plantea la intervención pública, en línea con el rechazo de la CEOE a las nacionalizaciones

Alemania, Italia y Francia ya se han mostrado proclives a salvar compañías que lo necesiten como Adidas, Alitalia o Lufthansa

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados REUTERS

Daniel Caballero

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Pablo Iglesias , vicepresidente segundo del Gobierno, azuzó los fantasmas de la intervención del Estado en las empresas a finales de marzo. Lo hizo a golpe de tuit: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general ( Artículo 128 de la Constitución )». Un mensaje que hacía saltar las alarmas en ciertos sectores empresariales ante la amenaza de nacionalizaciones en algunos sectores; más palabras que hechos. Cero movimientos. Ahora ha sido la Comisión Europea la que ha dado alas a que el Gobierno meta mano a las empresas que lo necesiten. Bruselas facilitará los rescates públicos .

La UE, siempre medida en el lenguaje, utiliza un eufemismo: recapitalizaciones. No es otra cosa que los Estados miembros puedan entrar por la puerta grande de las empresas, intervenirlas para evitar que quiebren. Siempre, eso sí, con condiciones bien establecidas de entrada y salida, además de otras limitaciones. Por lo pronto los rescates no serán considerados como ayudas de Estado ilegales, unas prácticas que viene vigilando muy de cerca la Comisión, bajo la cabeza pensante de su vicepresidenta Margrethe Vestager; el azote de quienes buscan falsear la competencia, sabedora en estos momentos de que la entrada de capital público en el tejido empresarial es difícil de evitar.

Alemania, Italia y Francia ya han anunciado su predisposición a utilizar los rescates. Poco han tardado. En esa situación estarían, de momento, compañías como Adidas, Alitalia o Lufthansa . Todo grandes empresas, lo que siempre se ha llamado «too big to fail» («demasiado grandes para caer») por los riesgos sistémicos que originarían al sistema; aunque diversos expertos no se ponen de acuerdo en qué empresas habrían de entrar dentro de esa consideración. En el rescate bancario de la última crisis era evidente que las entidades financieras no podían dejarse quebrar, no había duda. Hoy, no hay tanto consenso sobre las sociedades que deberían considerarse estratégicas y, por tanto, susceptibles de ser rescatadas. «Esta crisis va a redefinir qué es estratégico. A día de hoy es un debate abierto. Empresas sanitarias, farmacéuticas, la alimentación quizás vuelva a considerarse estratégica... Es difícil de saber. Incluso, habrá una reflexión mayor sobre las tecnológicas», dice Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Otros economistas amplían el abanico incluso a ciertas medianas empresas que, por las circunstancias actuales, también habrían de entrar como estratégicas. Es el caso de Juan de Lucio, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá: «Todas las empresas tienen un papel. Y en mayor o menor medida son estratégicas y hay que mantenerlas vivas en un periodo de crisis como el que estamos viviendo. Hay que ayudarlas a cruzar el río; las dificultades pueden venir de que te adquieran a precios muy reducidos o que te falten recursos para sobrevivir». En lo que todos coinciden es en que el turismo formará parte de los rescates, con especial foco en las aerolíneas. Alitalia y Lufthansa son los primeros ejemplos.

Los países con más peso en la UE ya han mostrado su predisposición a rescatar empresas. No así en España, que se desmarca de esa unidad. Fuentes de la Vicepresidencia Tercera de Nadia Calviño explican que no se ha puesto sobre la mesa la necesidad de recapitalizar compañías que lo necesiten. La razón: que no se lo han solicitado las damnificadas. Por ello, la responsable de Asuntos Económicos no ha tenido que abordar -aún- este dilema. Unidas Podemos , como partido de Gobierno , no ha atendido a las llamadas de ABC.

Oposición de la CEOE

La realidad es que la CEOE rechaza los rescates, entendidos como nacionalizaciones, en este caso temporales o de cualquier tipo. «La actuación pública debe ser sobre todo de carácter preventivo. Esta opción siempre es más eficaz que lo que se conoce como procesos de nacionalización, que entran en conflicto con el derecho a la propiedad privada y generan gran inseguridad jurídica», indican fuentes de la patronal. Y añaden: «Nunca las nacionalizaciones de empresas pueden ser más eficientes que ayudarlas mediante medidas de flexibilidad , de apoyo de liquidez o fiscales para que puedan sortear la situación». Alto y claro, no quieren que el Estado entre en los accionariados ni tenga participación directa. Ayudas sí, pero cada uno en su campo de juego.

Pese a todo, los expertos sí creen que será necesario acometer rescates públicos. Grégory Claeys, economista e investigador sénior del «think tank» europeo Bruegel, lo tiene claro: «Es necesario para evitar la bancarrota de las empresas. Hay compañías que acumulan mucho capital y tienen muchos empleos que no pueden ser destruidos. Destruir empleo es totalmente indeseable». Pedro Aznar, profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, indica que los problemas se van acumulando. Primero fue la paralización de la actividad económica, que implica falta de liquidez ante el derrumbe de los ingresos, lo que obliga al Gobierno a proveer líneas de crédito; segundo, conforme va dilatándose el confinamiento, se demuestra que el problema no será solo de liquidez. «El problema no es que no se tenga dinero para pagar nóminas, sino que no se generan ingresos. No es suficiente con más endeudamiento. Necesitan ayudas que vayan más allá de una mera inyección del liquidez» , explica.

Josep Lladós, economista y profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, desgrana cómo deberían articularse esos rescates: «Estas medidas habrían de tener un carácter temporal hasta que se recuperen las situaciones previas a la situación de crisis y las empresas vuelvan a la normalidad. A partir de ahí esa intervención tiene que desaparecer». Sin olvidar que, en línea de la intención de la Comisión Europea , tiene que darse únicamente en casos muy excepcionales.

Ocho años después de rescatar Bankia, el Estado continúa siendo el accionista mayoritario con el 61,8% de las acciones

De Lucio, por su parte, añade un cortafuegos a la intervención del Estado; pensando principalmente en los tintes nacionalizadores que siempre ha arrastrado Unidas Podemos . A su juicio, los mecanismos de rescate solo deberían activarse a petición de la empresa afectada; en ningún caso habría de ser iniciativa del Consejo de Ministros, para evitar la tentación de abordar una empresa -energética por ejemplo, una fijación de ciertos líderes políticos- desde las sillas del Gobierno. Además, todo ello fijando condiciones de entrada y salida estrictas que eviten situaciones cuasi perpetuas; en la memoria está el caso Bankia, que recibió alrededor de 24.000 millones de rescate en 2012 -según el Banco de España- y cuyo accionista mayoritario sigue siendo el Estado y no hay visos a corto plazo de que eso vaya a cambiar.

Así las cosas, De Lucio plantea una alternativa al rescate puro. No tanto entrar en su accionariado, tomando el control de la empresa e incluso de la gestión si fuera necesario, sino hacerlo como deudor ya que la Administración tiene mayor facilidad para financiarse a tipos bajos. O con préstamos con periodos de carencia , como plantea el profesor Aznar. Dicho esto, el último experto citado reconoce que una inyección directa de capital público aliviaría la carga financiera de las empresas al no tener que hacer frente a intereses; el Estado se vería remunerado vía dividendos -como ocurre ahora en Bankia- y recuperaría su inversión vendiendo su paquete accionarial cuando el drama económico haya remitido.

Riesgos nada desdeñables

Asimismo, los riesgos no son pocos. Más allá del esfuerzo financiero que supondría para el Estado, dado el elevado numero de grandes empresas que podrían solicitar el rescate, existen condicionantes políticos que preocupan; y mucho. «El principal riesgo es que algunos países y partidos utilicen estas medidas para intervenir empresas e inyectar capital en sociedades de su círculo de confianza, o presionados por los ‘‘lobbies’’. Por ello las condiciones tienen que ser restrictivas», dice Claeys. Y, por supuesto, las intenciones de nacionalización no deben ser permanentes. Esto último es un mal a evitar -dicen todos los economistas-, aunque algunos como Steinberg, del Real Instituto Elcano, no creen que esto vaya a ser relevante. Ponen de ejemplo lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos rescatando su buque insignia de la automoción, General Motors, para salvarle de la quiebra. Estados Unidos, como ejemplo de capitalismo más extremo y enemigo de la nacionalización. Así, a juicio de este último experto, muchos tendrán que acometer recapitalizaciones les guste o no, y quienes más lo harán serán los que tengan mayor margen fiscal, como Alemania . España , más limitada por su deuda y déficit públicos, puede quedarse a medias.

Sin embargo, no solo hay que fijarse en el impacto económico de este tipo de medidas sino también en el social. El rescate bancario, que buena parte de él se da por perdido -Banco de España dixit-, dividió a los ciudadanos; ya sea porque no se explicó bien el dar dinero público a los bancos o por cuestiones morales. «Teníamos una banca muy endeudada, no solo con muchos activos tóxicos; lo que se hizo fue proteger los intereses de los creditores, que a su vez también eran bancos. Aquí, en base a la gran relevancia del sistema financiero, hicimos un rescate público cubriendo errores de inversión de instituciones privadas. Había un dilema moral por cubrir errores de gestión privados. En esta crisis no hay fallos en la gestión empresarial ni en la medición de riesgos futuros, sino que ha sido una perturbación externa », comenta Lladós.

Por ello, los expertos claman por una mejor explicación de posibles rescates que hayan de hacerse; basados en el empleo, en la actividad... para que el ciudadano comprenda que habrá quien por sí solo no pueda sobrevivir.

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