Puig demandará al anterior gobierno valenciano por el déficit

El Gobierno valenciano tratará de evitar el cobro de la multa de 18,93 millones de euros impuesta por la Unión Europea por la manipulación del déficit de la Comunidad Valenciana y que el Ejecutivo central ha repercutido a ésta.

Su presidente, Ximo Puig, anunció ayer que exigirá legalmente responsabilidades económicas a los anteriores gestores de la Generalitat y estudia la posibilidad de que la vía sea por malversación contable. En este sentido, acusó de «connivencia política» al Gobierno de España y al anterior autonómico, ambos del PP, y aseguró que adoptarán «todas las acciones jurídicas y políticas» necesarias para evitar sean los valencianos los que paguen.

Esta acción se completará con el recurso ante el Tribunal Supremo por la decisión del Consejo de Ministros de que la multa recaiga sobre el Consell.

Pero la reacción irá más allá. La Generalitat ha encargado también un informe jurídico –que recibirán la próxima semana– para determinar si se podría actuar contra los responsables del anterior Ejecutivo autonómico que, o bien manipularon el déficit conscientemente, o bien no detectaron la existencia de esa manipulación. «Cabía la posibilidad de exigir una responsabilidad contable, en cuyo caso el órgano competente sería el Tribunal de Cuentas, o bien por un alcance e incluso llegar a una posible malversación contable», expuso la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez.

Aunque el documento no está preparado y todavía no se puede personalizar esta demanda, las responsabilidades apuntarían directamente a cargos como el interventor general de la Generalitat en ese momento, bajo el mandato de Alberto Fabra.

«O lo ha de pagar quien es el responsable de vigilar, el Gobierno de España y socio de la UE, o lo han de pagar aquellos gestores púbicos, miembros del Gobierno valenciano, que la produjeron», señaló Puig.

Cuestionó, igualmente, por qué el Consell, si sabía lo que ocurría desde 2014, no puso las medidas necesarias para garantizar los recursos y manifestó que no entiende cómo el Ejecutivo central toma la decisión de repercutir la multa estando en funciones mientras en otras cuestiones como participar en el Consorcio Valencia 2007 o hablar con la comisión de expertos para la financiación «es imposible».

«Para poner multas sí que están en activo», apostilló Puig, quien se preguntó si se ha interpuesto el recurso de casación que preveía la sentencia del tribunal europeo y, en caso negativo, instó a que expliquen por qué no, pues ello supondría «una dejación de funciones del Gobierno».