Inversores de Israel y Reino Unido denuncian a España por las renovables

En los últimos días se han presentado dos nuevas demandas contra el Reino de España ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo del Banco Mundial, por las reformas de la legislación de las renovables llevada a cabo por el último Gobierno de Zapatero y el Ejecutivo de Rajoy y que han ocasionado unos drásticos recortes de las subvenciones que recibían las empresas del sector.

En estos momentos son 26 las denuncias admitidas por el Ciadi contra nuestro país, la primera de ellas a finales de noviembre de 2013. Además, hay tres más ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y otra ante Uncitral (Naciones Unidas).

La penúltima de las 26 demandas presentadas ante el Ciadi ha sido realizada por la compañía israelí Sun Flower Olmeda, Gilatz Spain, Redmill Holdings y Mr.

Aharon Naftali Biram. Sun Flower es una sociedad pública que cotiza en la Bolsa de Tel-Aviv y que tiene plantas fotovoltaicas y eólicas en España, Italia, Israel, Polonia y Finlandia, que suman 105 MW de potencia.

En nuestro país tiene tres plantas fotovoltaicas: Olmeda (6 MW), La Herrera (4 MW) y Corvera (3 MW), en las que ha invertido 49 millones de euros, según datos de la propia compañía.

La última demanda, presentada el pasado miércoles, es de Infracapital F1 e Infracapital Solar, sociedades del Reino Unido.

Hacía casi tres meses que no se habían producido nuevas denuncias ante el Ciadi después de la interpuesta por la japonesa Eurus Energy el 1 de marzo pasado. Esta filial del grupo Toyota posee 550 MW renovables en España.

Excepto las dos demandas presentadas esta semana, las 24 restantes ya tienen designados sus tribunales, compuestos por un presidente y dos árbitros. La defensa está a cargo de los letrados de la Abogacía del Estado, muchos de los cuales han tenido que ir a Canadá a recibir unos cursos especializados.

Cabe destacar que el primer arbitraje resuelto, en enero pasado en la Cámara de Comercio de Estocolmo, ha sido a favor del Reino de España, ya que desestimó la reclamación de la empresa holandesa Charanne y de la luxemburguesa Construction Investments.