El Congreso aprueba sancionar a las empresas morosas

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad tomar en consideración una propuesta de Ley realizada por Ciudadanos para endurecer el control sobre las empresas morosas. El texto recoge que las comunidades autónomas sean las que impongan las multas a las empresas que superen el límite de pago de sesenta días que recoge la Ley contra la Morosidad. Si una compañía excede este límite en más de veinte días, la infracción será muy grave y pueden entrañar multas de hasta 163.955 euros. Las multas se atenuarán en función de si las compañías infractoras son pymes que a su vez sufren también impagos y contemplarán la capacidad de solvencia del infractor.

La proposición de ley contó con el visto bueno de Cs junto a PP, PSOE, Podemos, PNV, PdeCat, ERC, UPN y Foro Asturias.

Pese a todo, casi todos los grupos han anunciado que introducirán enmiendas al documento. El texto también contempla la creación de un Observatorio de la Morosidad y cuenta con el visto bueno de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), así como de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad o la patronal catalana Pimec. Todas estas organizaciones se habían quejado de que grandes empresas estiraban sus plazos de pago a sus proveedores, en su mayor parte pymes y autónomos, por lo que habían reclamado medidas.

La Ley de Morosidad fija en treinta días el límite de pago entre administraciones y en sesenta entre empresas, pero al no tener régimen sancionador la Ley se incumple sistemáticamente. En el sector privado el plazo el año pasado fue de 77 días mientras que en el público alcanzó los 61. «La morosidad tiene un coste gigantesco. Más de medio millón de trabajadores han perdido su empleo por la morosidad», ha defendido el portavoz económico de Cs, Toni Roldán.

La proposición de Ley propone acabar con esto con un abanico de multas leves–de 60 a 2.045 euros–, graves –de 2.046 a 8.195 euros– y muy graves –hasta los 163.955 euros–. La diputada socialista Patricia Blanquer defendió que sea la Agencia Tributaria el órgano encargado de imponer las multas y no las comunidades autónomas, y recomendó implantar este régimen dentro de la Ley de contratación pública que se está tramitando.

La parlamentaria popular, Susana López, anunció el apoyo del PP a la proposición de ley pero se inclinó por las soluciones propuestas por el Ministerio de Hacienda. El titular del ramo, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta mañana que implantará sanciones tributarias a las empresas morosas, aumentando los controles mediante la implantación de la factura electrónica en las empresas, un sistema que ya existe en la Administración.

Precisamente, Bruselas sigue de cerca a España por la forma de contabilizar la morosidad pública. La Comisión Europea dio un ultimátum de dos meses al Gobierno para cambiar la forma de contabilizar la morosidad pública. Hacienda tiene el Periodo Medio de Pago (PMP) para vigilar a las administraciones, que se activa cuando se superan los 30 días de límite legal. Ante ello, Hacienda ultima un decreto para modificar el momento en que este indicador comienza a contar.