Mariano Rajoy conversa con Cristóbal Montoro
Mariano Rajoy conversa con Cristóbal Montoro - JAIME GARCÍA

Hacienda cambiará la forma de medir la morosidad para evitar multas de la UE

El Ministerio ultima un decreto en el que modifica la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones, a instancias de la Comisión Europea

Madrid Actualizado: Guardar
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El Ministerio de Hacienda ultima un cambio en la manera de calcular los días de retraso de una administración al pagar a sus proveedores. El Ministerio ya tiene listo un proyecto de Real Decreto, elaborado para tratar de evitar sanciones desde Bruselas por la forma de medir la morosidad pública, después de que la Comisión Europea abriera un expediente a España el pasado mes de febrero. Bruselas se quejaba de que la legislación nacional «amplía sistemáticamente treinta días el plazo legal de pago» y de que las administraciones españolas pagan por encima de los 30 días de límite que marca la directiva europea contra la morosidad y la propia ley española. Si en dos meses el Ejecutivo no actuaba, la Comisión amenazaba con interponer sanciones a España.

Dos meses después, Hacienda tiene lista la nueva legislación. El meollo del conflicto con Bruselas es el periodo medio de pago a proveedores, que marca el retraso de una administración para atender sus obligaciones. Hasta ahora, el indicador comenzaba a contar cuando habían pasado los 30 días de límite para las administraciones, por lo que, de acuerdo a la Ley de Estabilidad que controla el comportamiento de las administraciones, el plazo real se alargaba hasta los 60 días. Según el decreto aprobado en 2014, el periodo medio se activaba desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o desde la fecha de entrada en el registro administrativo hasta la fecha de pago material.

Es decir, Hacienda utilizaba para medir los días de retraso desde la convalidación de la factura por parte de la administración competente hasta el pago efectivo. Como denuncia la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) “esto da un margen de entre 28 y 32 días que es lo que se tarda en convalidar las facturas por parte de las administraciones”. En 2016, según los datos de ATA, las administraciones tardaron 72 días en pagar a sus proveedores, el doble de lo que marca la Ley contra la Morosidad, pero once días menos que en 2015. En comparación, Hacienda detalla que el periodo medio de pago fue de 13,5 días en el Estado, 29,46 en las comunidades y 42,55 en la administración local.

Desde 2012, pese a que los plazos han seguido superando el límite legal, las administraciones han ido mejorando su situación, en parte gracias al Plan de pago a proveedores que aprobó el Gobierno y que permitió pagar 41.000 millones en facturas tratadas de comunidades y ayuntamientos.

El propio Ministerio de Hacienda reconoce en el nuevo proyecto de real decreto que con la anterior legislación «han surgido algunas dudas acerca de su compatibilidad con la directiva 2011/7/UE». Ahora el borrador del decreto cambia la norma de 2014 e introduce un nuevo supuesto para que el periodo medio de pago empiece a contar antes: que se active desde la fecha de aprobación de documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. Este supuesto también se añade para el ratio de operaciones pendientes de pago.

Como detalla el borrador de decreto, «mediante la presente modificación se aclara la diferencia entre el concepto el período medio de pago a proveedores» al que alude la Ley de Estabilidad «y el plazo máximo de pago a proveedores», que fija la Ley contra la Morosidad de 2004.

El proyecto de real decreto está en periodo de información pública para que los agentes sociales propongan enmiendas hasta el 11 de mayo. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que engloba a pymes y autónomos, se había opuesto a la anterior forma de contar el retraso en el pago y reclaman un régimen sancionador si las administraciones incumplen el plazo de 30 días o las empresas el de 60 días que marca la Ley.

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