La morosidad de las administraciones con los autónomos casi triplica el plazo legal

El periodo medio de pago de las administraciones públicas con los autónomos se situó en septiembre en 83 días, 28 menos que hace un año, aunque muy lejos de los 30 días que establece la ley, según la encuesta realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de la organización ATA a trabajadores por cuenta propia proveedores habituales del sector público y también privado.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, destaca un trimestre más que a pesar de los esfuerzos por poner coto a la morosidad tantolas administraciones públicas como el sector privado siguen incumpliendo la ley: los periodos medios de pago del sector público se sitúan tres veces por encima de lo que se establece (concretamente en 83 días frente a los 30 que establece la ley) y en 85 días en el sector privado, frente a los 60 que establece la ley.

En lo que se refiere al sector privado, los periodos medios de pago han mostrado un ligero ascenso, pues si en septiembre de 2014 pagaba, de media, en 81 días ahora lo hacen en 85.

Las comunidades autónomas cuyas administraciones públicas más tardan en pagar son Extremadura, con 132 días de media; Aragón, con 126 días, y Cataluña y las islas Baleares, con 100 días. Periodos medios de pago superiores a la media nacional (83 días) se sitúan también la Comunidad Valenciana (93 días), Andalucía (97 días), Murcia (96) y Comunidad de Madrid (91).

En el otro extremo, aunque ninguna comunidad autónoma cumple con los 30 días de pago de las facturas que marca la ley, están La Rioja (48 días de media), País Vasco (49) y Navarra (51).

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirma que «los problemas se ha reducido con respecto al año pasado, pero siguen ahí. Y como ya pasó hace unos meses, el periodo electoral suele coincidir con aumentos en los tiempos de demora en los pagos de las facturas a los autónomos por lo que desde ATA reclamamos que no se pare la economía por unas elecciones y se no se castigue al pequeño autónomo. No pagar las deudas con ellos supone obstaculizar la consolidación de la recuperación económica y desacelerar la buena marcha del consumo interno».