Bruselas se plantea unificar las normas de créditos fiscales para toda la banca europea

El sistema financiero comunitario, pese a la puesta en marcha de la supervisión única el pasado noviembre, se sigue rigiendo por normas contables y fiscales nacionales diferentes entre sí. Y así lo han evidenciado las pesquisas de la Comisión Europea sobre si los avales de España, Grecia, Italia y Portugal a sus bancos para que los activos fiscales diferidos (DTA) que acumulan computen como capital son ayudas públicas ilegales. De hecho, y según fuentes financieras consultadas por ABC, esta investigación ha reabierto entre las autoridades europeas el debate sobre la necesaria homogeneización de esos criterios para todas las entidades de la Eurozona.

El Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ya avanzaron en la armonización de los criterios para definir el capital de máxima calidad de cara a los decisivos test de estrés hechos a la banca durante 2014.

Pero no en dos partidas clave a la hora de calcular ese ratio de solvencia.

Uno de ellos son esos créditos fiscales, que permiten a una empresa compensar pérdidas actuales en su futura factura fiscal. Las entidades españolas, que acumulan unos 40.500 millones de euros deducibles (ver gráfico), han podido generar más activos fiscales diferidos que bancos de otras nacionalidades por las mayores provisiones hechas en la crisis, y además la norma española contempla más supuestos en los que se pueden aflorar. Eso sí, en países como Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido son aprovechables con carácter retroactivo.

La otra partida en discordia son los activos ponderados por riesgo, cantidad sobre la que se calcula el porcentaje de capital y cuyo cómputo es muy distinto de unos países a otros. Los criterios del Banco de España han sido siempre más exigentes que los de reguladores de otros países, como Alemania y Francia, más laxos, y por eso su homogeneización es ya una tradicional reivindicación de los banqueros españoles.

La decisión de la Comisión Europea de enviar cartas pidiendo información sobre el uso de los créditos fiscales, como primer paso a una eventual investigación formal, ha sido una de las primeras decisiones de la nueva responsable de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, que conoce bien el tema porque representaba a su país en el Ecofin como responsable de Economía en el Gobierno de Copenhague.

Lo que no ha aclarado la Comisión son las razones por las que ha dado este paso, porque a las seis preguntas escritas de varios eurodiputados (casi todos españoles) que recibió a lo largo del año pasado había respondido invariablemente con diferentes fórmulas diciendo que esta práctica se aplica con carácter general y el Gobierno español no la había comunicado como ayuda, por lo que no cabía intervenir por su parte. De hecho, la anterior Comisión Barroso estaba más que al corriente de este régimen porque fue diseñado en coordinación con los «hombres de negro» en plena gestión del rescate bancario español. Portugal, Italia y Grecia aplican un sistema similar.

Al explicar las razones de la nueva Comisión para poner en marcha esta inspección se barajan varias tesis. Entre ellas, la voluntad de la comisaria, como representante de la filosofía de los países del norte, y la existencia de quejas de otros bancos, cuyos nombres Bruselas está obligada a mantener en secreto. Según fuentes del sector, el denunciante habría sido una entidad alemana que, en conversaciones de fusión con un banco italiano, habría detectado el uso masivo de esos activos en la banca transalpina. En esa línea, para otras fuentes la queja alemana busca presionar al sector financiero italiano, el peor parado en los test de estrés, de cara a su recapitalización.

La teoría que revelan fuentes europeas para asumir estas denuncias es que aunque se trata de una medida que está abierta a todas las empresas, en la práctica solo es utilizada por el sector bancario. Otras incluyen precisamente la tesis de que ha sido el BCE el que después de sus propios test y de los que acaba de realizar la Reserva Federal de EE.UU. ha considerado que sería necesario armonizar esta práctica.

De hecho, autoridades y sector coinciden en que, aunque se tarde varios años en dar, ese es el siguiente paso lógico de la unión bancaria -que todos los bancos europeos sean supervisados con iguales criterios- y tendrá que enmarcarse dentro de una armonización de la fiscalidad comunitaria.