Operación SouleLa trama de Villar llevaba quince años saqueando la Mutualidad de Futbolistas

Desde hace mucho tiempo, había fundadas sospechas de que los Villar se habían aprovechado de los derechos audiovisuales y de patrocinio de la selección española, que Juan Padrón mercadeaba con ropa deportiva de mala calidad destinada al fútbol base y a los árbitros, y que se utilizó el reparto de los fondos para crear una red clientelar en las territoriales. Estos episodios, refrendados el pasado jueves por el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, no pillaron por sorpresa a quienes conocían la realidad de la Federación. Pero lo que muchos no pudieron imaginar es que la trama se hubiera atrevido también a meter la mano en organismos tan sensibles como la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Renta Fija (Mupresfe).

Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el saqueo a Mupresfe se remontaría al menos hasta el año 2002, cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sancionó a a la empresa Gescontrol que auditaba a la Mutualidad por la comisión de una infracción muy grave. El órgano supervisor no solo castigó a la empresa, sino también a su socio auditor, Juan Ríos Urbaneja -que es quien viene firmando todas las auditorías de la Federación en los últimos años- como responsable de la comisión de una infracción muy grave que le supuso una multa de 12.001 euros.

Desvío de fondos

Durante los años posteriores, la trama se topó con más problemas para meter la mano en la caja de Mupresfe, al estar Gescontrol castigada con no tener relación con la Mutualidad. Sin embargo, a la primera oportunidad que tuvo, en 2012, Villar volvió a recurrir a su auditora de cabecera para que validara las cuentas. Es en los últimos años cuando los investigadores han detectado mayores desvíos de los fondos de Mupresfe para actividades que no son propias de esta aseguradora sin ánimo de lucro cuyo objeto es la cobertura sanitaria de los futbolistas federados por los riesgos en que puedan incurrir durante la práctica del fútbol

Cada temporada, todos los jugadores y clubes que quieren competir deben pagar una cuota que varía dependiendo de cada una de las delegaciones de Mupresfe. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana las tarifas oscilan entre los 31,5 euros que se abona por un jugador de categoría benjamín y alevín hasta los 562 euros anules de un futbolista de Primera división. Sin embargo, en la delegación de Castilla y León la tarifa menor es de 85 euros, y la más alta, de 607. También pagan los equipos (entre 46 y 3.000 euros dependiendo de la división), los árbitros y los entrenadores (de 60 a 243). Teniendo en cuenta que en España hay 942.000 federados de fútbol y fútbol sala, entre las distintas delegaciones de la Mupresfe llegan a gestionar alrededor de 50 millones de euros por temporada.

Mucho dinero sin prácticamente control, pues el Consejo Superior de Deportes no podía auditar directamente a Mupresfe. La Federación sí permitía que el CSD nombrara a dos miembros para que formaran parte de los órganos directivos de la Mutualidad. Era una forma de dar apariencia de transparencia, pero en la práctica dichos cargos no tenían acceso a las cuentas. Así que el anterior secretario de Estado, Miguel Cardenal, decidió en 2013 retirar a los dos representantes del CSD aprovechando la supresión de la subvención que el Estado otorgaba a la Mutualidad.

Todas estas circunstancias permitieron crear una red opaca a nivel nacional que reproducía esquema en cada una de las federaciones. En algunos casos, las cuotas de la Mupresfe se ingresaron en las mismas cuentas de la Federación, con lo que era fácil utilizar esos fondos para actividades distintas a las previstas para un seguro médico. En otros casos, los desvíos entre cuentas quedaban fuera de la fiscalización federativa, o se generaban agujeros en las cuentas de la Mupresfe que no se podían explicar.

Parte del trabajo de la UCO en los registros realizados la semana pasada tanto en Ciudad del Fútbol de Las Rozas como en las sedes de varias territoriales ha ido encaminado a demostrar que el saqueo de la Mupresfe no fue puntual, sino que hubo un carácter continuado a lo largo de los años, de tal manera que se utilizaron los mismos procedimientos señalados en el resto de la trama: se contrataba con empresas afines y a cambio se recibían mordidas y se compraban voluntades.

De momento, el juez se ha limitado a reproducir en el auto una conversación entre el ex administrador general de la Federación, José María Castillón, y el vicepresidente, Juan Padrón, que probaría que hubo una salida de fondos de 500.000 euros para beneficiar directamente al presidente, Ángel María Villar. Según fuentes de la investigación, se trataría solo de la punta del iceberg de las irregularidades que se produjeron a lo largo de los años a costa del seguro que cubre la salud de casi un millón de futbolistas durante su práctica deportiva.