El PSPV plantea que los ciudadanos puedan «legislar» como los diputados

La reforma del reglamento de las Cortes que plantea el grupo popular supone un cambio radical en cuanto a la participación ciudadana en el proceso legislativo, ya que la comisión de Peticiones pasaría también a llamarse de Ciudadanía, y allí se recogerían todas las propuestas de la sociedad civil que sirvieran para enriquecer el trabajo de elaboración de una norma que esté en tramitación en la Cámara.

Alcaldes, representantes de colectivos o personas afectadas por un texto legislativo del Consell o a iniciativa de un grupo parlamentario tendrían la oportunidad de manifestar sus opiniones para que se tuvieran en cuenta a la hora de pasar el dictamen de la comisión para su debate en el Pleno. Ximo Puig, secretario general del PSPV, ha ido, sin embargo, mucho más allá en sus pretensiones, y ha dado órdenes al portavoz del grupo parlamentario, Antonio Torres, para que presente una serie de enmiendas a esta reforma del reglamento de las Cortes que propone el PP.

En la práctica, los socialistas sitúan en plano de igualdad a los ciudadanos y a los diputados electos a la hora de elaborar textos legislativos, con lo que se anularía la representación parlamentaria tal y como se entiende ahora en España.

La principal novedad es que habría dos momentos claramente diferenciados para la presentación de enmiendas. El primero sería en la toma de consideración en Pleno del texto legislativo propuesto con enmiendas a la totalidad. Y un segundo en el que, una vez aceptada su tramitación, se abriría la opción de las «comparecencias ciudadanas informativas» en el plazo de diez días.

Un contrapoder

Esta participación ciudadana será obligatoria cuando sea respaldada por un tercio de los diputados de la comisión y se buscará a «representantes de colectivos sociales» relacionados con la materia a legislar o con carácter excepcional a «expertos o especialistas» en la misma. ¿Quién establecería la consideración de «experto»? Esta duda no queda resuelta.

Esto es, que en el caso de la composición del parlamento autonómico actual, el tripartito podría imponer la presencia de «expertos» en la materia a tratar, aunque el grupo popular (mayoritario) estuviera en desacuerdo. Se abriría así una nueva ventana para que se conforme un contrapoder que pueda emitir corrientes de opinión de un claro sesgo político, en este caso, desde la tribuna y el eco que siempre tienen las Cortes Valencianas.

El pretexto para abrir esta posibilidad es, según la enmienda presentada por Torres, «para evitar obstrucción de la mayoría parlamentaria a comparecencias que les puedan resultar incómodas».

La polémica está servida, porque esta petición es tanto como no reconocer que la soberanía popular libremente expresada en las urnas radica en las Cortes autonómicas, ya que la minoría emanada de ese proceso electoral podría condicionar el debate y el proceso legislativo. «Quien más ruido haga y se movilice, más presencia tendría en Cortes» afirman las fuentes consultadas en el grupo popular.

Otras propuestas –más homologables al sistema representativo del que se dotaron los valencianos– es que los proyectos de ley que afecten directamente a las entidades locales valencianas tendrá «preceptivamente la comparecencia de una representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias si así lo solicita dicha entidad asociativa».

Antes de un mes

Las comparecencias deberán hacerse, según la propuesta socialista, antes de transcurrir un mes desde la fecha del debate de totalidad en el Pleno y comenzarán con la exposición de compareciente por «tiempo de 10 minutos» de forma inicial y de 5 a 10 minutos en su última intervención.

Las Cortes tienen previsto debatir esta reforma reglamentaria antes de que finalice la actual legislatura para la que restan tres plenos. El primero será la semana que viene pero en el orden del día no figura, así que o bien se aborda en el pleno del día 25 y 26 de este mes, o bien en el último del mandato, que está previsto para el 25 y 26 de marzo.

Esta cuestión será durante la próxima legislatura –se resuelva o no en la presente–, previsiblemente, una de las que más enfrentamientos provocará entre los grupos de un parlamento que se augura multicolor.