La jueza deniega la expulsión de la conductora extranjera que mató a una madre y su hija en San Roque

No podrá librarse del juicio por el accidente mortal que causó en noviembre del año pasado y en el que perdieron la vida una madre y su hija en la carretera A-2100 de San Roque. La jueza del nº 1 de esa localidad gaditana ha denegado la petición de expulsión del país que había solicitado la acusada, una conductora australiana residente en Sotogrande.

De haberlo aprobado, Louise Karen Hiley (43 años) habría salido de España, no sería juzgada y el caso por doble homicidio imprudente y conducción temeraria hubiera sido archivado, sin que se depuraran responsabilidades. Todo un escándalo que no se ha producido a petición del fiscal y que ha sido frenado por la jueza instructora.

Ésa era la última baza que tenía la procesada para eludir una vista oral en la que se juega cinco años y medio de cárcel.

Ésa es la calificación penal de los hechos que realiza el Ministerio Público en un escrito de acusación conocido el pasado mes de abril. En él, el fiscal relata cómo se produjo la brutal colisión entre el vehículo de la procesada y el de las víctimas.

Lousie Karen Hiley circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Con sus capacidades mermadas, se puso al volante de su coche, un Bentley Continental GT, y al salir de la urbanización de Sotogrande y tomar una intersección para acceder a la autovía A-7, confundió la vía y se incorporó por el sentido contrario.

A 140 kilómetros por hora, se encontró de frente con el Citroën Xsara ocupado por Mariem El Haic (27 años) y su madre Hafida Oulad Mihoum (52). La joven marroquí que iba al volante del turismo, no puedo esquivar a la conductora kamikaze. Madre e hija fallecían al instante; mientras que Lousie Karen solo resultaba herida leve. La carrocería de su coche de lujo la protegió del violento impacto.

Además de ese cúmulo de imprudencias que dieron como resultado dos muertes, el comportamiento de la acusada distó mucho del arrepentimiento cuando llegó la Guardia Civil al lugar del accidente, según indica el fiscal en su escrito. Opuso una fuerte resistencia a ser trasladada a dependencias policiales y trató de ocultar su responsabilidad, asegurando que ella no conducía el coche sino otra persona que se había dado la fuga. Según fuentes de la investigación, esa declaración obligó a revisar al detalle su vehículo en busca de vestigios de otro conductor, que avalaran la versión de Louise Karen. Las pesquisas confirmaron que mentía.

Prisión provisional

El accidente ocurrió el 13 de noviembre del año pasado. Un día después, la conductora fue enviada a prisión provisional. La Fiscalía pidió que se adoptara esta medida cautelar por las circunstancias personales de la imputada: una mujer sin arraigo en España, de buena posición económica y con medios suficientes para marcharse del país en cualquier momento.

Ya en la cárcel, su defensa agotó una última posibilidad administrativa, apelando a la Ley de Extranjería española que recoge la posibilidad de la expulsión de extranjeros imputados en delitos que no conlleven una pena de cárcel superior a seis años.

En virtud de ese enunciado, el caso de Lousie Karen encajaba porque está acusada por los delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria, resistencia y negativa a someterse a la prueba de alcoholemia. Todos ellos con una pena aparejada inferior al límite marcado por la ley.

Así, el expediente contó con el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno que lo remitió al juzgado para que diera la autorización definitiva. Fue en ese momento cuando se le dio parte a la Fiscalía, que se opuso a la expulsión. Finalmente la jueza instructora la ha rechazado también.

En un auto fechado el pasado mes, la instructora justifica su decisión en la gravedad de los hechos por los que debe responder la acusada y el sentimiento de impunidad que dejaría en la sociedad si no se somete a la Justicia española. De haber prosperado la petición de la acusada, la familia de las víctimas se vería obligada a iniciar un nuevo procedimiento civil, con el consiguiente gasto económico, para demandar una indemnización. El fiscal reclamará en el juicio que se celebre en los próximos meses más de 240.000 euros para la pareja de Mariem y sus hermanos.