La magistrada pide a la Junta y al Estado información sobre los cursos desde el año 2002

Dentro de la investigación sobre la concesión de subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía, la jueza Mercedes Alaya ha reclamado al Consejo Andaluz de Formación Profesional que entregue todos los informes emitidos desde el año 2002 «sobre programas, acciones y subvenciones formativas por la Consejería de Empleo, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 214/97 de 2 de septiembre».

En un auto dictado el pasado 18 de septiembre, Alaya pone de manifiesto que «para la continuación de las investigaciones, se hace necesario reclamar» dichos informes al Consejo Andaluz de Formación Profesional, que es un órgano consultivo dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta.

El Consejo, que está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 24 vocales en representación de la Administración de la Junta y de las organizaciones sindicales y empresariales, tiene entre sus funciones controlar, evaluar y realizar el seguimiento de la ejecución de programas de formación profesional; informar sobre cualquier asunto que en materia de formación profesional le sea sometido por las distintas consejerías, así como emitir propuestas y recomendaciones sobre dicha materia.

Asimismo, la instructora acuerda recabar del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo -órgano consultivo adscrito al Ministerio de Empleo- «los informes anuales sobre programación, gestión, control y evaluación de la formación para el empleo elaborados por la Comunidad Autónoma Andaluz desde el año 2002, así como conclusiones y recomendaciones que hayan hecho sobre el funcionamiento del subsistema, de conformidad con el artículo 33.1 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo».

Por último, y en relación al informe sobre Delphi que consta en las actuaciones realizado por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la juez reclama «las copias del protocolo de colaboración y las actas de las reuniones en las que se recogen los sucesivos desarrollos del protocolo de colaboración», ya que aunque en dicho informe «se dice que se adjuntaban, no se han recibido».

En dichos documentos, según el informe de la Dirección General, «constan las decisiones que se han ido adoptando progresivamente acerca de los afectados por el cierre» de la planta de la multinacional en Puerto Real.

Explicaciones a la Intervención

Esta petición de información se conoce después de que, por medio de otro auto, la juez reclamara a la Intervención General de la Junta para que, a través de la Guardia Civil, entregue los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante «para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos».

Alaya había ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue «las funciones que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas y el control financiero periódico» que realizó. La magistrada le dio a la Intervención General un plazo de diez días para que aportara los informes previos.

Además, la magistrada pidió a la UCO que recabe «explicación de la Intervención sobre el diferente tratamiento en la concesión cuando se trataba de subvenciones otorgadas por el SAE y cuando se trataban de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo, y si existieron algunas particularidades en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, y asimismo explicación ajustada a la legalidad sobre las mencionadas exoneraciones y el papel que realizó la Intervención en el control financiero de tales subvenciones».