Alaya asume la 'pieza' gaditana sobre la red captadora de subvenciones de Ojeda

El titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, ha decidido dejar en manos de la jueza Mercedes Alaya la 'operación Óscar' en el marco de la cual fue detenido el exconsejero socialista Ángel Ojeda a principios de agosto. En esa actuación policial, dirigida por la UDEF, el antiguo responsable de la cartera de Hacienda fue apresado junto a otras nueve personas, entre ellas su hijo Marcos Ojeda. Si bien sólo permanecieron en los calabozos hasta su puesta a disposición judicial el exconsejero y un estrecho colaborador suyo -Federico D. B.-, quien aparece en puestos de responsabilidad en varias de las sociedades que conforman el entramado creado por Ojeda para captar una fortuna en subvenciones para la formación de parados.

El contenido del auto firmado el pasado lunes por el juez de Cádiz ya se barruntaba desde que se produjo el arresto de Ángel Ojeda en su residencia veraniega de Sanlúcar. La Fiscalía de Cádiz ya anunció entonces que iba a solicitar la inhibición a favor del juzgado sevillano por entender que a éste le correspondía la competencia del caso.

El atestado que presentó la UDEF y que sirvió de base para la detención del exconsejero por un supuesto fraude en subvenciones obtenidas para cursos de formación señalaba una serie de empresas que ya estaban siendo investigadas por la jueza Mercedes Alaya en unas diligencias (966/14) en las que también consta como imputado otro exconsejero de la Junta de Andalucía y también nacido en Jerez, Antonio Fernández.

La Policía Nacional se basaba en una denuncia que había presentado un profesor en la Comisaría de Cádiz para intervenir y abrir diligencias contra el exconsejero. Este trabajador habría sido testigo de numerosas irregularidades en unos cursos de formación que debieron impartirse en Chiclana; unas acciones formativas subvencionadas por la Junta y que estaban organizadas por Humanitas, una de las asociaciones creadas por Ángel Ojeda.

Esta denuncia del formador también permitió a la UDEF adelantarse a la Guardia Civil y detener al exconsejero, que ya estaba siendo investigado por la UCO (Unidad Central Operativa a quien le tiene encomendada las averiguaciones la jueza Alaya).

Precisamente la magistrada citaba a esa empresa, Humanitas, en un auto fechado el pasado 16 de julio y previo a la detención del antiguo responsable político. Alaya afirmaba que ésa era una de las sociedades que presentaban irregularidades en la concesión de ayudas.

Con la inhibición acordada, no sólo se produce un cambio de juez competente, sino también del cuerpo policial que lo investiga. Así, la denominada 'operación Óscar' que bautizó la Policía Nacional, pasa a incorporarse a las diligencias sobre las que trabaja la Guardia Civil.

Fuentes judiciales confirmaron a LA VOZ que hay una parte del asunto iniciado en Cádiz que no viajará a Sevilla. Se trata del recurso que ya presentó uno de los detenidos (Federico D. B.) contra el auto de medidas cautelares que le impuso la obligación de personarse regularmente en los juzgados dada su condición de imputado. El colaborador de Ojeda apeló a la Audiencia provincial de Cádiz que será el órgano que resuelva si mantiene su condición de imputado.

La inhibición acordada por el juez López Marchena puede ser recurrida por el exconsejero. Una posibilidad que no es descartada por fuentes directas del caso.

Ojeda está imputado también por la magistrada sevillana, que en un auto del pasado 11 de septiembre afirmaba que los atestados remitidos por la UCO señalaban que en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda habría recibido 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales para la formación y la contratación del colectivo Delphi. Unas ayudas que la magistrada sospecha que las habría obtenido «gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos».