Ojeda Avilés proclama «su libertad sin fianza» tras retirarle el juez su pasaporte

El que fuera consejero de Hacienda en Andalucía a finales de los años ochenta fue puesto a disposición judicial ayer por la mañana en los juzgados de San José, en la capital gaditana, para que compareciera ante el titular del nº 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, que por reparto ha asumido las diligencias de la llamada 'operación Óscar'. Ángel Ojeda Avilés entraba en la sede judicial esposado sobre las 9.45 horas de la mañana y seis horas después, tras ser interrogado por el magistrado y en presencia del fiscal delegado de delitos económicos, salía en libertad, pero sin pasaporte y bajo la imputación de tres cargos: apropiación indebida, fraude de subvenciones y falsedad.

Pese a su situación procesal, el expolítico jerezano salió desafiante de la sede judicial. Tan sólo se limitó a repetir una y otra vez que está «en libertad sin fianza» sin querer responder a las preguntas de los periodistas sobre los cargos que le imputan. Tampoco hizo valoraciones acerca de la investigación policial que ha acabado con su detención el pasado lunes en Sanlúcar y que lo ha mantenido en los calabozos de Comisaría durante dos noches. A cada cuestión planteada, la misma respuesta automática: «libertad sin fianza».

Acompañado por su abogado y sonriendo por momentos, recorrió unos metros rodeado por una nube de fotógrafos y cámaras de televisión hasta que se subió en un Porsche Cayenne donde le esperaba un familiar.

Éste es el punto y seguido de la denominada 'operación Óscar' desarrollada desde el pasado lunes en las provincias de Cádiz, Sevilla y Madrid por la brigada central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional y en la que, por ahora, han sido detenidas nueve personas, entre ellas un hijo de Ojeda Avilés, que fue localizado en Madrid y puesto en libertad a las pocas horas a la espera de que sea citado por la autoridad judicial.

Como viene informando este medio en los últimos días, 'Óscar' es el nombre que le ha dado la Policía a un caso que oficialmente arranca a finales de julio, aunque los investigadores llevaban meses trabajando sobre el entramado empresarial que había montado Ojeda Avilés tras abandonar la política. Una red de asociaciones y fundaciones sin supuesto ánimo de lucro que llegó a recibir 48 millones de euros en subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo entre los años 2008-2012. El destino de estas partidas que debían emplearse en la formación de los trabajadores andaluces está ahora bajo sospecha, tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil.

En julio pasado, la UDEF presentaba en los juzgados de Cádiz un atestado con la denuncia de un docente contra la empresa Asociación de Apoyo a la Integración, Humanitas, responsable de unos cursos formativos que se debían desarrollar en Chiclana. Este trabajador asegura que fue testigo de irregularidades y que algunas de las acciones formativas no se realizaron. Se trata de una de las sociedades del entramado de Ojeda.

Esta empresa está ya siendo investigada por la jueza Alaya en Sevilla; de ahí que este caso se haya solapado con las pesquisas que ha encomendado la magistrada a la Guardia Civil y haya surgido un conflicto de competencias. Humanitas, cuya sede social es un chalé de Heliópolis, fue una de las que participó en el protocolo de formación que suscribieron los trabajadores de Delphi cuando cerró la factoría en 2007. Y que siete años después ha quedado demostrado que no sirvió para reincorporar a esos empleados al mercado de trabajo. De un colectivo de 1.800 personas, apenas 300 fueron recolocadas en una empresa semipública (Alestis). Hoy en día, medio millar de esos trabajadores siguen reclamando una salida. El resto, fue prejubilado.

Protesta en los juzgados

Un grupo de esos desempleados que llevan meses encerrados en la sede de los sindicatos en Cádiz se desplazó hasta la puerta del juzgado para recordar los incumplimientos de la Junta, que en el año 2007 suscribió una serie de acuerdos que, en esencia, culminaban con la recolocación de todo el colectivo. Uno de esos exempleados se quejaba amargamente ayer: «Hemos sido utilizados para que unos pocos se enriquezcan a nuestra costa».

Humanitas es, además, una de las primeras sociedades que llamó la atención de la UDEF cuando indagaron en el 'caso Edu' en empresas de Málaga que habían obtenido una subvención para la formación de trabajadores a cambio de contratar a un porcentaje mínimo de esos alumnos. Así, en un informe fechado en diciembre del año pasado y ampliamente difundido por la prensa, destacan cómo esta sociedad se constituyó el 1 de enero de 2009 y no había cumplido ni el primer mes de vida cuando recibió una subvención de la Junta de 642.390 euros. Una ayuda pública sin ni siquiera haber dado de alta a un trabajador. «Desde el luego el criterio de la experiencia en formación (valorable para obtener la subvención) no lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria» relatan en su informe los investigadores.

Esa primera ayuda no fue una anécdota. La Policía cifra en 6,1 millones de euros el apoyo económico que recibió de la Administración andaluza hasta 2011.

La Policía sospecha que esta empresa, como otras del entramado de Ojeda, era un simple vehículo para captar subvenciones y que no estaba dedicada en realidad a la formación. Entre los indicios recogidos por los agentes es que muchas de esas sociedades no tenían personal docente para impartir esos cursos sufragados por la Junta.

Un directivo del entramado

En la jornada de ayer también era puesto a disposición judicial otro de los nueve detenidos en el operativo que junto al exconsejero ha sido el único que han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría de Cádiz. Mientras Ojeda entraba en los juzgados a cara descubierta, aunque con una prenda de vestir sobre sus manos para ocultar las esposas; Federico D. B. accedía con el rostro cubierto. Pero este periódico ha podido saber quién es ese segundo gran implicado en la operación.

Esta persona consta como consejero delegado y directivo de varias empresas del entramado como Prescal o la Asociación de Empresas Aeronáuticas. No es la primera vez que comparece en sede judicial por la denuncia de un trabajador contra las supuestas malas artes del grupo «ingente» -describe la UDEF- de empresas de Ojeda que supuestamente se dedican a la formación.

Una profesora formuló hace dos años una denuncia similar a la que tiene la Policía y ha propiciado la 'operación Óscar' en los juzgados de Algeciras. En su caso señalaba a la empresa Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, Natura, que también pertenece a la red empresarial del exconsejero. Ese procedimiento está a la espera de resolución de la Audiencia provincial, que debe decidir si la magistrada del nº 4 de Algeciras debe inhibirse en su compañera de Sevilla, Mercedes Alaya. Federico D. B., que también quedó ayer en libertad con cargos, tuvo que declarar en aquella ocasión como testigo.

Los otros siete arrestados en la operación policial están libres a la espera de ser citados por la autoridad judicial.