La transferencia de San Carlos se paraliza y precisará de una prórroga para el acuerdo

Las negociaciones para la cesión del Hospital de San Carlos han tocado hueso. El traspase de los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha erigido como el principal obstáculo en unas negociaciones que hasta ahora se habían tildado de ejemplares. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron que la Junta les ha pedido el abono de un millón más (por lo que el coste total sería de 10,5 millones de euros) para la estatutarización de alrededor de 300 trabajadores. Un incremento que explicaron que no sólo no pueden asumir económicamente debido a los ajustes presupuestarios a los que están sometidos, si no porque «jurídicamente no podemos. Nosotros tenemos un coste fijo de personal y no podemos incrementarlo ahora porque la Junta no quiera abonar los complementos salariales» que le corresponden a los que serán sus trabajadores, «es una cuestión que depende de la comunidad autónoma».

Mientras que desde Defensa se ve esta cuestión como la piedra que puede paralizar la rueda de la negociación, desde la Junta se ha hecho un llamamiento a la calma. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, calificaba ayer esta traba como «un elemento más en una negociación que se encuentra abierta. Las reuniones están para encontrar soluciones a problemas como éste», apuntó. «Donde hay matices y opiniones diferentes es en el tema salarial y de los complementos», a lo que señaló que la Junta vela porque los profesionales a los que afecta el acuerdo «cobren todos sus conceptos salariales».

Pese a que el Ministerio quiere dar por concluida la cesión del hospital de San Carlos, el próximo 1 de junio (en apenas tres semanas), Sánchez Rubio se acogió a la cláusula de prórroga de la negociación que está contemplada en el convenio firmado. «El plazo estaba estipulado en el mes de junio pero si es necesario ampliar el proceso se hará».

Pero para el Ayuntamiento de San Fernando la realidad es que desde la Junta se están buscando «excusas» para no incorporar el Hospital de San Carlos al sistema sanitario público. De esta forma lo manifestó el pasado lunes el alcalde isleño, José Loaiza, tras el encuentro que mantuvo en Madrid con la subsecretaria de Defensa, y ahora esa información «parece cristalizar» tras conocerse que la Consejería de Salud quiere un millón de euros más por hacerse con el hospital y su personal. El teniente de alcalde de Presidencia, Daniel Nieto, manifestó al respecto que los ciudadanos de San Fernando «estamos asistiendo a una nueva traición del PSOE e IU hacia los intereses y el desarrollo de La Isla». Y la prueba para el popular no sólo está en el «paso atrás dado por la Junta de Andalucía» en el cumplimiento del convenio firmado en enero pasado por el que se le transfería a la comunidad autónoma, de manera gratuita, con su personal y el sueldo de éste hasta que les llegase la jubilación, un centro sanitario de la envergadura del que el Ministerio de Defensa posee en San Fernando. También encuentra Nieto muestras de esa «traición» en casos tan sonados como el cierre del Centro de Técnicas de Soldadura, la paralización del polígono Janer o la rehabilitación del Ayuntamiento.

«No obstante el del Hospital de San Carlos es, sin duda, uno de los reveses más dolorosos de cuantos la Junta de Andalucía ha dado a San Fernando. La consecución de ese logro fue atribuida por el propio alcalde, José Loaiza, a toda la ciudadanía, visibilizada en la Plataforma del Hospital». Es por ello que hoy el alcalde tiene previsto reunirse con los representantes de la plataforma para abordar la situación actual y, llegado el caso, volver a plantear movilizaciones.

Quejas de los sindicatos

Por otro lado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), pidió explicaciones al Ministerio de Defensa por los constantes retrasos en el proceso de transferencia del hospital. CSIF recordó que el protocolo general de colaboración establece que la transferencia afectará a todo el personal del hospital (actualmente, dependiente de Defensa) y sin embargo, aún hoy no se sabe nada de forma oficial sobre cómo pasará el personal de una administración a la otra (más cuando ahora se publica en prensa que el proceso está bloqueado ante las exigencias del Gobierno andaluz).

De ahí que CSIF haya pedido explicaciones a la subdirectora general de Defensa sobre el proceso de estatutarización y el cumplimiento de los plazos establecidos. Del mismo modo, se le ha preguntado si se va a aplicar la carrera profesional al personal estatutario desde el inicio en Defensa, tal y como establece la ley. CSIF también se ha quejado por escrito por el trato recibido por parte de la Subdirección de Defensa cuando los trabajadores afectados tratan de preguntar por teléfono sobre su futuro laboral más inmediato. Incluso, se ha llegado a denunciar presiones a trabajadores para que firmen su estatutarización, cuando es algo voluntario.