Rajoy prohíbe el paso a Gibraltar de camiones con rocas para un espigón

El Gobierno prohibió el paso a Gibraltar de camiones con rocas para construir un espigón en la cara este del Peñón. La escollera debe servir de protección para una urbanización ganada al mar en aguas que España considera que no forman parte de la colonia británica. El Ejecutivo tomó la decisión a instancias de la Fiscalía, que recibió varias denuncias por un posible delito contra el medio ambiente presentadas por armadores y pescadores de Algeciras y la Línea de la Concepción.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy dio una vuelta de tuerca a su política de dureza en el último conflicto con Gibraltar. La prohibición del traslado de rocas se suma a las inspecciones practicadas por buzos de la Guardia Civil a los bloques de hormigón de 1.500 kilos cada uno lanzados a la bahía de Algeciras por las autoridades de la colonia, y que, según Gibraltar supusieron «una grave incursión que no contribuye a reducir el actual clima de tensión».

La paralización de la entrada de material que debía servir para construir el espigón de abrigo a la urbanización en terreno ganado al mar alimentará sin duda el pliego de agravios que esgrime el Gobierno de Fabian Picardo en su controversia con España, pero desde la Moncloa se argumenta que es un paso obligado en defensa de la legalidad. La Asociación de Armadores Productores de Algeciras y varias cofradías de pescadores de ese municipio y de la Línea denunciaron ante la Fiscalía y la Guardia Civil un posible delito medioambiental porque los materiales de relleno se extraen de la cantera de la Utrera en la sierra sevillana del mismo nombre y que es un territorio de alto valor ecológico.

El Gobierno de Rajoy no había tomado hasta ahora cartas en ese asunto porque no contaba con argumentos jurídicos para impedir el paso de los camiones contratados por Gibraltar, pero tras la intervención de la Fiscalía obtuvo la munición legal necesaria. Grupos ecologistas han protestado durante los últimos años por esa explotación, pero sus quejas no lograron paralizar la extracción de roca. Las últimas denuncias de armadores y pescadores, en cambio, lograron detener el transporte de las piedras. Esta prohibición se suma a la decidida el martes para el traslado también en camiones de la arena de la duna de Valdevaqueros, en la localidad de Tarifa, y que tenía el mismo destino, la vertiente este del Peñón y la futura urbanización de 2.500 apartamentos, un hotel y un puerto con 500 atraques.

El clima de tensión, por tanto, parece lejos de relajarse, sobre todo porque el Gobierno de Picardo ha defendido una y otra vez la legalidad de la urbanización que puede convertir a la colonia en un importante destino turístico británico.

Aguas españolas

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, también alimentó la controversia con una contundente respuesta al ministro principal del Peñón, quien anunció que para otoño los pesqueros españoles podrían faenar en la zona en litigio. El Ejecutivo del Peñón calcula que para entonces estará aprobada una nueva ley de pesca que sustituirá a la de 1999 y que, según las autoridades gibraltareñas, impide pescar en los caladeros próximos a la Roca aunque lo hacían merced a un acuerdo con el anterior Gobierno de Peter Caruana.

«Picardo no es quién para decirle a los pescadores españoles cuándo ni cómo ni dónde pueden o no pescar en aguas jurisdiccionales españolas», afirmó la delegada gubernamental. Crespo, además, reclamó «tranquilidad» a los gibraltareños y a los gaditanos ante los controles en la Verja. Justificó el endurecimiento de las inspecciones porque el Gobierno está «obligado» a controlar el contrabando y el blanqueo de capital. El Ejecutivo de Picardo, pero también el del británico David Cameron, achacan las restricciones solo a «razones políticas».

Así las cosas, los Gobiernos de Rajoy y Cameron y el de Picardo esperan la llegada de la misión de la Unión Europea solicitada por Madrid y Londres, pero por distintos motivos. El Reino Unido quiere que Bruselas determine la legalidad de los controles fronterizos de España, mientras que el Ejecutivo de Rajoy pretende que decidan si el lanzamiento de bloques a la bahía de Algeciras para impedir la pesca se ajusta a la ley europea. El Gobierno español también espera de la UE un dictamen sobre el supuesto contrabando, blanqueo de capitales e irregularidades fiscales de Gibraltar.