El PP tumba en el Congreso la delegación de competencias del Guadalquivir a Andalucía

La mayoría del PP en el Congreso de los Diputados, al que se unió UPyD, tumbó ayer la propuesta del Parlamento andaluz para que el Gobierno delegase competencias de la cuenca del Guadalquivir en la Junta de Andalucía por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Esta fórmula fue aprobada por la Cámara andaluza en noviembre de 2011 después de que el Tribunal Constitucional obligara a la Junta a devolver las competencias de la cuenca al Estado y después de que fracasaran los intentos de acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el ejecutivo de Griñán para una fórmula que no colisionara con el alto tribunal y permitiera la gestión andaluza del río. La Junta administró el Guadalquivir (53 embalses, 115 hidroeléctricas, 849 puestos de trabajo, 70 millones de presupuesto y 4 millones de usuarios) desde enero de 2009 hasta octubre de 2011.

La votación en el Congreso, tras un bronco debate, reflejó además la ruptura de la unidad de las fuerzas políticas andaluzas, ya que el PP siempre respaldó la gestión regional del Guadalquivir y votó a favor de la iniciativa en el Parlamento en noviembre de 2011, aunque es verdad que ya cuando apoyó el Estatuto de Autonomía que recoge el derecho a esta administración, el entonces dirigente del PP-A, Javier Arenas, forzó que en el mismo apareciera que las competencias estuvieran ligadas a la Constitución.

Este fue el argumento de peso ayer de la portavoz del PP, María Teresa de Lara Carbó. «Es el Tribunal Constitucional quien dice que no hay lugar», afirmó. Tanto de Lara como la portavoz andaluza del PP que también intervino en el Congreso, Carolina González de Vigo, recordaron que fue un socialista, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien recurrió al Constitucional.

Aquel recurso, basado en que la cuenca del Guadalquivir también transcurre por Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, dio pie a que el Constitucional dictase que no puede ser administrada por una comunidad autónoma porque rompería la unidad de cuenca, aunque su presencia en dichas comunidades es ínfima (apenas un 9,8% de los 57.527 hm2) y el río en sí solo toca territorio andaluz.

Sobre esta realidad basaron los portavoces andaluces del PSOE, Mario Jiménez, y de IU, José Antonio Castro, la defensa de la admisión a trámite de la proposición de ley para que el Gobierno delegue las competencias, que implicaría que el Estado mantuviera la vigilancia de la unidad de cuenca y de su gestión general, pero se dejara a la Junta administrar las concesiones de recursos hídricos, policía de aguas y cauces, autorizaciones de vertidos, procedimientos sancionadores y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas, esto último en coordinación con el Gobierno central.

Apoyo de los nacionalistas

La propuesta contó con el respaldo de los nacionalistas PNV y CiU, además del PSOE e IU. No fue suficiente frente a la mayoría absolutadel PP y, al no admitirse a trámite, la ley no se debatirá.Con ello se entierra el viejo sueño auspiciado en su día por Manuel Chaves de gestionar las aguas del Guadalquivir.

Las reacciones dentro y fuera del Congreso fueron furibundas. En el debate, las diputadas del PP y el de UPyD, Toni Cantó, echaron mano incluso del caso de los ERE, ante el alboroto de la bancada del PSOE. Celia Villalobos, que hacía las veces de presidenta del Congreso reprendió a Toni Cantó y al portavoz del PNV por menospreciar la «calidad» de los diputados andaluces. Cantó tildó de «folclorismo» la intervención de Castro.

A la sesión acudió desde la tribuna de invitados una amplia delegación andaluza, liderada por la consejera de Presidencia, Susana Díaz, quien lamentó «la falta de coherencia» y el «espectáculo» del PP por haber cambiado su voto.

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, dijo en Sevilla, que el PP había mantenido su criterio y que ya en el Parlamento se abstuvo en algunos puntos de la proposición de ley.