Bruselas avala que los grandes ahorradores paguen futuros rescates de bancos

La Comisión Europea avaló ayer que los grandes ahorradores paguen parte de la factura en futuros rescates bancarios. En línea con el controvertido criterio del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, Bruselas defendió la posibilidad de imponer pérdidas a los depósitos superiores a 100.000 euros para evitar que los gobiernos se asfixien con costosos salvavidas. El reforzado apoyo a la rigurosa fórmula utilizada en Chipre, donde la quita rondará el 40%, prolongó las tensiones en los mercados pese a que el Ejecutivo comunitario aboga por generalizar la receta con una normativa común a partir de 2018. Alemania, Holanda y Finlandia quieren adelantar el calendario para restringir el uso del fondo de rescate, que podrá recapitalizar entidades de forma directa.

Los socios negocian desde el pasado verano una normativa concebida para minimizar el impacto de los salvavidas bancarios. En base a una propuesta de la Comisión, los Veintisiete deben decidir antes de junio cómo se reparte la factura para que las finanzas públicas no se vean aplastadas por el derrumbamiento de una entidad, un escenario que se ha repetido a lo largo de la crisis en distintos países. Irlanda, España y la propia Chipre demuestran la peligrosidad de este círculo vicioso y tuvieron que pedir auxilio a la UE. Bruselas considera que una vía para prevenir estas situaciones es que el sector financiero se 'autorrescate' con una serie de pautas, entre ellas el tajo a los depósitos más elevados.

La Comisión evitó calificar las declaraciones del jefe del Eurogrupo, pero demostró que sintoniza en gran medida. Dijsselbloem, que matizó sus palabras, sugirió que el rescate chipriota podría utilizarse como referencia «ahora que se ha superado lo peor de la crisis». El Ejecutivo comunitario insistió en que la isla mediterránea es un «caso único» y no puede emplearse como «modelo perfecto». Pese a querer marcar distancias, la portavoz del área de Servicios Financieros, Chantal Hughes, remarcó que la futura normativa debe servir para que «los contribuyentes dejen de pagar los errores bancarios», objetivo que incluye procesos de liquidación como el de la segunda mayor entidad chipriota.

Pérdidas jerarquizadas

La propuesta de la Comisión forma parte de los esfuerzos para poner en marcha una unión bancaria en la zona euro. Hasta ahora, los focos habían apuntado a los poderes otorgados al BCE para asumir la vigilancia de las principales entidades. En paralelo, sin embargo, también se negocia el marco legal que regulará los rescates de entidades. Bruselas pretende que se establezca una jerarquía dentro de las firmas que determine cuánto podrían llegar a pagar los accionistas, titulares de deuda emitida por la entidad y hasta grandes ahorradores. Ayer, Bruselas insistió en que los depósitos inferiores a 100.000 euros, garantizados expresamente por la legislación europea, quedan a salvo.

La propuesta comunitaria subraya la necesidad de que los propios bancos alimenten con sus recursos un fondo que financiaría las reestructuraciones. También se respalda que las líneas de negocio de las firmas en problemas puedan trocearse, otra medidas adoptada en Chipre. Consciente de lo ambicioso de su planteamiento, Bruselas aboga por dar amplio margen al sector para que se adapte a la entrada en vigor de la normativa en 2018. Los grandes ahorradores podrían tomar nota de los riesgos y decidir dónde ponen su dinero. Alemania, Holanda y Finlandia creen que 2018 está demasiado lejos. En las últimas semanas, ha trascendido que los tres empujan para que la normativa sea aplicable dentro de dos años, un adelanto que también defiende el BCE.