El juez de Nóos pedirá a Valencia la imputación de Barberá y CampsCastro vuelve a sopesar citar a la infanta Cristina

Iñaki Urdangarin podría tenerse que enfrentar a dos juicios públicos. Uno en Baleares y otro, posterior, en Valencia. Salvo sorpresa de última hora, el juez del 'caso Nóos', José Castro, con el beneplácito de la Fiscalía, remitirá, una vez acabada la instrucción del sumario esta primavera, o incluso antes, una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV) en la que le pedirá que instruya una causa por prevaricación contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el expresidente Francisco Camps y, al menos, otros cuatro altos cargos de las administraciones de esa comunidad. De aceptar los jueces valencianos la petición, el duque de Palma y su exsocio, Diego Torres, volverían a sentarse en el banquillo.

Según desvelaron fuentes de la investigación, tanto el magistrado como el fiscal Pedro Horrach creen que hay indicios suficientes para imputar a todos ellos por los cuatro contratos a Urdangarin y a su instituto entre 2004 y 2006, que supusieron a las arcas públicas 695.403 euros.

El magistrado tomó la decisión después de escuchar en febrero pasado las declaraciones del propio duque de Palma y de Torres. Ambos confirmaron de viva voz que tanto los Valencia Summits como la idea de realizar unos Juegos Europeos surgió después de una o varias entrevistas con Camps y Barberá.

La alcaldesa ha venido insistiendo en las últimas semanas que ella no «firmó» nada ni «dio a dedo nada al Instituto Nóos». Barberá sostuvo siempre que fue la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau «quien tomó la decisión» de hacer los Valencia Summits y que esta fundación es «una entidad de carácter privado». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que la fundación es básicamente una empresa pública, porque más del 80% de sus fondos son aportados por el ayuntamiento valenciano.

Anticorrupción cree que la adjudicación directa de esos eventos saltándose todas las normas de contratación pública solo pudo ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios.

Castro, en el extensísimo auto del pasado 30 de enero en el que aceptaba la fianza civil de 8,2 millones contra Urdangarin y Torres, ya adelantó que los convenios firmados por el Gobierno valenciano y el consistorio con Nóos «no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y, en este caso, al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin».

Tanto Barberá como Camps son diputados autonómicos y gozan de aforamiento, por lo que el juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca no puede imputarlos. Una vez que se inhiba de esa parte del sumario Nóos, será el tribunal superior valenciano el que, a la vista de los datos que le aporte el juzgado mallorquín, decida si sienta en el banquillo a la alcaldesa y al expresidente junto a Urdangarin y Torres.

Castro pretende que en ese banquillo también se sienten, acusados de prevaricación, al menos otros cuatro exdirectivos de las administraciones valencianas: el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón; los que fueran directores generales de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela; y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

En Madrid

Precisamente, en breve Castro y Horrach se van a desplazar a Madrid para interrogar, como testigo, a un personaje clave en una de esas adjudicaciones bajo sospecha: el estudio sobre unos Juegos Europeos en la capital del Turia, que jamás se realizaron, por el que Nóos se hizo con 382.203 euros a cambio de nada. Se trata del actual vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Ayer, Anticorrupción pidió que se tome declaración al entonces conseller, quien firmó de su puño y letra el convenio por el que la Generalitat valenciana se comprometía a pagar a Urdangarin cinco millones de euros si conseguía que Valencia albergase los Juegos Olímpicos Europeos.

También como testigo, y en esa misma tanda de interrogatorios en Madrid, comparecerá José Manuel Romero, duque de Fontao, el asesor del Rey, que supuestamente fue enviado para advertir a Urdangarin de que debía abandonar Nóos y romper con su antiguo socio. Fontao, cuya citación también pidió ayer Anticorrupción, deberá explicar cuál fue su papel exacto en la constitución de la Fundación Cultura Deporte e Integración Social, la institución 'sucedánea' de Nóos que el duque y Torres siguieron usando para sus negocios particulares y que sirvió para la evasión a paraísos fiscales.

El juez José Castro no tira la toalla. Según fuentes judiciales, el magistrado vuelve a «sopesar» en los últimos días citar, al menos como testigo, a la infanta Cristina para que explique cuál fue su papel en el Instituto Nóos, en el que fue vocal durante los años de los grandes negocios con las administraciones públicas. El magistrado, que en un principio había rechazado la citación si no había más pruebas, ahora considera que las declaraciones exculpatorias de Iñaki Urdangarin para con su mujer no han sido suficientes para determinar si Cristina estaba o no al tanto de lo que ocurría en Nóos.