«Ha sido un juicio contra la ley del aborto»

El ginecólogo Carlos Morín, acusado de 89 delitos de aborto ilegal, ha sido absuelto por la Audiencia de Barcelona. Su juicio arrancó hace cuatro meses, con la contundente petición de la Fiscalía, que reclamaba 274 años de cárcel para el facultativo por haber practicado 89 abortos que la Abogacía del Estado entendía que eran ilegales a mujeres en avanzado estado de gestación en sus tres clínicas de la capital catalana. Su esposa, María Luisa Durán, para quien la Fiscalía solicitaba 171 años, y 9 personas más de su equipo médico, también han sido absueltas.

El caso se destapó en 2006, a raíz de un programa de la televisión danesa. Una reportera embarazada acudió a una de las clínicas de Morín para realizar un reportaje con cámara oculta, en el que simuló que quería abortar. Su intención era demostrar que en esos centros médicos se practicaban abortos libres a mujeres en avanzado estado de gestación, incluso con fetos de ocho meses. Las tres clínicas de Morín habían adquirido una cierta fama de acoger a jóvenes de todo el mundo que viajaban a Barcelona a abortar. Movimientos católicos y antiabortistas aprovecharon la emisión de los reportajes televisivos para querellarse contra Morín y las tres clínicas que regenta en la capital catalana.

Más de seis años después, la sentencia, dada a conocer ayer, señala que no ha podido probar que los fetos de los casos juzgados superasen las semanas de gestación que delimita la ley. La acusación mantenía que Morín y su equipo facilitaron el aborto de mujeres con un embarazo que superaba los siete meses y medio. Además, se les imputaba que justificaban los abortos acogiéndose a la antigua ley española, que permitía interrumpir el embarazo en cualquier momento si éste ponía en grave riesgo la salud física o mental de la madre. La investigación aseguraba que para tal propósito, Morín, que también estaba acusado de asociación ilícita y falsedad documental, contaba con la ayuda de dos psiquiatras que firmaban los informes sin haber visto a las pacientes.

La Audiencia de Barcelona confirma en su sentencia un cierto descontrol administrativo, que invitaba a pensar que los abortos se habrían hecho con menor rigor del deseable; sin embargo, «no se ha aportado prueba suficiente» para probar los abortos ilegales.

El fallo afirma además que la totalidad de las intervenciones voluntarias de embarazo se llevaron a cabo con el consentimiento y petición expresa de las pacientes, y en el caso de las menores, de su representante legal. Se realizaron asimismo, según el fallo, en centros homologados y por personal debidamente cualificado.

Cumplir la ley

Al poco de conocer el fallo judicial, Morín se felicitó por la absolución y afirmó que la «justicia ha sido justa». «Cumplíamos la ley y la ley permitía interrupciones en algunos supuestos», dijo. El ginecólogo, retirado de la profesión y que no sabe si volverá a reabrir las clínicas, se considera un «cabeza de turco». Y es que «lo que en realidad se ha juzgado en este caso ha sido la ley del aborto», dijo su mujer. «Ha sido un proceso largo, doloroso y humillante», añadió María Luisa Durán. «Nos llamaban asesinos por la calle», aseguró. Aunque lo peor, reconoció, fue cuando fueron enviados a prisión provisional durante dos meses. «Ir a la cárcel para alguien que es inocente, es muy humillante», remató.

Según el médico peruano «el testimonio de la televisión danesa era falso». Su emisión causó una gran revuelo, ya que en el vídeo el ginecólogo daba todo tipo de detalles sobre cómo burlar la ley mediante meras «cuestiones de burocracia» que consistían en rellenar un formulario psicológico. El doctor relataba que los abortos costaban unos 4.000 euros y que se realizaban a través de inyecciones de digoxina en el corazón de los fetos, a los que se las provocaba la muerte por parada cardiaca antes de extraerlos.

El juez, en cualquier caso, rechazó el vídeo como prueba, pues suponía «una intromisión ilegítima en derechos fundamentales como el de la intimidad y la libertad». La organización católica que interpuso la querella, E-Cristians anunció que recurrirá la «indignante e ideológica» sentencia y que llegará al Tribunal Europeo de Justicia.