El nacionalismo se excluye

Los nacionalistas vascos y catalanes no quieren ni oír hablar de reformas de la Constitución. Tanto CiU como el PNV están en otra fase, la de modificar los estatus jurídico y político de Cataluña y País Vasco respecto a España. Una pretensión que de ninguna manera encajaría en la Carta Magna.

Artur Mas está embarcado en una operación soberanista que busca la proclamación de la independencia de Cataluña sin dejar de pertenecer a la Unión Europea. Iñigo Urkullu, de momento, no ha mostrado sus intenciones y prima la lucha contra la crisis por encima de cualquier otro objetivo. Pero ha adelantado que en 2015 planteará un cambio pactado de sus relaciones con el Estado.

En ambos casos una reforma de la Constitución, sea cual sea su alcance, será insuficiente para colmar sus aspiraciones. CiU y PNV consideran que la Carta Magna es un traje demasiado estrecho para sus objetivos nacionales y no quieren un trato igualitario con el resto de comunidades.

Su participación en 1978 en los trabajos constitucionales se explica por el momento que vivía España, la transición de una dictadura a la democracia, en el que lo fundamental era asentar un régimen de derechos y libertades. Tres décadas y media después, la Constitución no ha resuelto su encaje con España. Un hecho denunciado por los propios nacionalistas, pero reconocido también por otras fuerzas políticas, incluido el PP, cuya presidenta en Madrid, Esperanza Aguirre, ha subrayado esa carencia.

CiU y PNV solo se sumarían a la tarea si la reforma incluyera el establecimiento de mecanismos que regularan la secesión, una cláusula Quebec asimilable a la de Canadá, cuestión que no contempla ninguno de los dos partidos mayoritarios. La reforma constitucional, por tanto, no figura entre las tareas prioritarias del nacionalismo, que solo se plantea una relación bilateral con el Estado que posibilite, tarde o temprano, la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco.