El 'céntimo verde' del gas encarece la factura en 800 millones al año

El proyecto de reforma eléctrica que el Gobierno ha remitido al Congreso ha puesto en pie de guerra a toda la industria que es consumidora intensiva de energía porque sus procesos así lo exigen. Papeleros, azulejeros, siderúrgicos, fabricantes de ladrillo y tejas, entre otros, han escrito al presidente Mariano Rajoy para advertirle de que la aplicación de las nuevas medidas fiscales que tratan de enjugar el déficit de tarifa va a arruinar los esfuerzos de reconversión acometidos, colocarles en inferioridad de condiciones para competir en el exterior, y llevarles al cierre o la deslocalización de plantas.

En el 'paquete' de los nuevos impuestos aparece afectado el consumo de gas, que se estrena en este tipo de fiscalidad. El mal llamado 'céntimo verde' -que ni es verde ni supone un céntimo- encarece la factura anual del gas en más de 800 millones al año. A los consumidores domésticos el recibo les va a subir, por este único concepto y sin contar el IVA, el 4%, mientras que para la industria y al sector de la cogeneración, que representan el 83% del consumo total, el alza del consumo de gas, antes de otros impuestos, será del 7%. Una carga que se sumará al aumento del 8% al 12% en el recibo de la energía eléctrica, consecuencia de la nueva fiscalidad aplicada a la producción con gas/carbón/fuel y a que se gravará otro 6% sobre la energía producida.

Los clientes 'empresariales' del gas son en España 3.700. Hay entre ellos unas 900 instalaciones industriales -muy diversificadas, desde la química al textil, pasando por la automoción- a las que se suman las plantas de cogeneración, que consumen el 20% del total. La cogeneración es un proceso de generación eléctrica que aprovecha el calor residual obtenido en el sistema de producción de determinadas industrias. Este aprovechamiento es, en ocasiones, el factor que equilibra las cuentas del conjunto de la actividad. A las cogeneradoras les va a tocar pagar por partida doble: el gravamen sobre el consumo de gas natural y el impuesto a la venta de la energía eléctrica por los ingresos obtenidos.

Si el proyecto sale adelante, el gas se va a gravar por vez primera en el impuesto sobre hidrocarburos, en el que a los productos gaseosos se les ha venido aplicando un tipo cero. Se plantea establecer un tipo impositivo de 0,65 euros por gigajulio al gas natural destinado a usos distintos a los del carburante común. Es un impuesto cuatro veces superior al que soportan los productos importados, porque -según recuerdan en el sector- las directivas europeas contemplan para la utilización industrial del gas una fiscalidad de 0,15 euros por gigajulio, y recomiendan no elevar las cargas de la generación eléctrica que emplea gas natural, es decir, la cogeneración y las centrales térmicas de ciclo combinado.

Este marco complica la supervivencia de empresas pequeñas y medianas que ya están al límite en sus ajustes de costes. Y perjudica a la totalidad de las exportadoras, que han de soportar gastos de fabricación más elevados, cuando muchos pedidos se están decidiendo en ámbitos internacionales por márgenes extraordinariamente finos. Un recargo fiscal les expulsará de los mercados más competitivos. Las cogeneradoras, por su parte, denuncian que se ven en riesgo de tener que parar estas instalaciones, y, en numerosos casos, detener también la industria a la que suministran.

Con datos de 2011, el sobrecoste del nuevo gravamen sobre el gas para el sector industrial y la cogeneración ascendería a 727 millones anuales, frente a los 165 millones de recargo de los recibos domésticos del gas natural cuando se les traslade el nuevo impuesto. Para 2012 se ha calculado unos 800 millones en conjunto, porque la producción con centrales de ciclo combinado se está recortando mucho, por la preferencia de otras tecnologías y por la menor demanda eléctrica por la crisis.

La 'penalización' incidirá sobre todo en las empresas de Andalucía (con datos del pasado año, el sobrecoste por el gravamen ascendería a 147 millones), Cataluña (141 millones), Comunidad Valenciana (86 ), País Vasco (64,6 ) y Murcia (52,7). El recargo en los hogares se va a repartir en función de la extensión de las redes del gas por áreas residenciales. Por eso Madrid, con 40 millones, y Cataluña, con 38,3 millones, soportarán los mayores impactos.