Casta

Quien escribe es uno de los que, para las próximas Navidades, tendrá que joderse (digo, haciéndome eco del exquisito lenguaje parlamentario que la señora Andrea Fabra maneja en relación a otros colectivos segados por la crisis) sin los euros extra que vienen a ser algo así como la salsa de la alegría consumista que, para tales fechas, nos preparan todas esas empresas que hacen de diciembre su agosto.

Vaya por delante que soy capaz de entender la necesidad, por parte de nuestro gobierno, de hacerle ver a la Merkel que somos gente seria en la administración del resto de agua que nos queda en la alberca (digo, empleando el argot hortelano de mi tierra), en la esperanza de que desde la Europa rubia y protestante nos abran el manantial que habrá de llenarla. Soy capaz de comprender esto y de asumir la parte de sacrificio que me toca, por más que quienes han provocado este tsunami económico se encuentren ahora bastante nerviosos en la lista de peticionarios de la Ferrari, en la tensa espera de poder disfrutar de una de sus potentes máquinas.

Nos tendremos que joder (para su satisfacción, doña Andrea) quienes hemos sido cazados para interpretar a palos ese sufrido papel de patriotas del que otros alardean con su Rolex en la muñeca. Esperemos que el corte solo arramble con la paga de Navidad y que los respectivos gobiernos nacional y autonómicos no se dejen llevar por la inercia de la comodidad presupuestaria y decidan hacerlo permanente. Esperemos que solo se trate de escenificar dicho gesto de seriedad y acabe ahí la cosa, pues está claro que sin la pronta y paralela respuesta de Europa, los Reyes Magos tendrán que venir equipados con extintores para sofocar el fuego de las calles.

No he de ocultar, sin embargo, que mi capacidad de comprensión se ve empañada por el hecho de que quienes han de llevar a cabo los recortes no muestren idéntica determinación a la hora de aplicarse a ellos mismos parejos sacrificios. De un tiempo a esta parte circula en la Red la información de que estamos siendo gobernados por medio millón de políticos. La información es falsa, pero que el que nadie se moleste en cuestionarla, ni en desmentirla, indica bien a las claras que tal noticia alimenta el cabreo generalizado de la gente, un cabreo contra la clase política que se palpa no solo ya en el ámbito digital, sino también en la calle.

Debido al celo con que quienes nos gobiernan protegen estos datos, no se conoce exactamente el número de compatriotas que se dedican a la Cosa Pública, pero los compañeros de LA VOZ me suministran los datos de los políticos provinciales. Entre diputados al Congreso, representantes en el Senado, miembros del Parlamento Andaluz, Diputación Provincial y las correspondientes Mancomunidades (algunos de los cuales simultanean varios cargos), así como los alcaldes y concejales de los 44 municipios, arrojan un total de 775. A ellos habría que sumar los senadores autonómicos, miembros de la Delegación Provincial del Gobierno, personal político de confianza en las distintas administraciones y representantes de diferentes organismos públicos. Multipliquen esto por las 50 provincias y las dos ciudades autónomas y, en el caso de que la nuestra represente la media nacional, podrán hacerse una idea del número de conciudadanos que se ocupan de meternos en cintura. El gasto, declarado, de tanto personal es cifrado por algunas fuentes en más de 700 millones de euros al año.

No dudo, e incluso me consta, que entre tantos miles de personas no faltará quien acuda a la política con limpio ánimo de servicio, pero con mucha mayor claridad estamos asistiendo a la consolidación de una casta que encuentra en la política la oportunidad de progreso económico y social que no supo hallar en el terreno profesional. La política española se ha convertido hoy en día, para oportunistas, manipuladores y otra gente sin escrúpulos, en refugio tan seguro y provechoso como en su día, para los piratas, lo fueron las islas del Pacífico. No me lo estoy inventando, solo basta con echar un vistazo a las causas judiciales de corrupción pendientes.

Pero tan reprobable como esta corrupción generalizada me parece el reparto legal de la tarta de privilegios que nuestros gobernantes están llevando a cabo. Hoy en día, en este país carcomido por la crisis, nuestros políticos continúan repartiéndose el botín a base de sueldos, sobresueldos (compatibles solo para altos cargos), dietas, exenciones fiscales, tarjetas visa, coches y chóferes oficiales, cargos paralelos en empresas privadas y fundaciones, obsequios no declarados, pensiones vitalicias, responsabilidades en sus partidos, aparatos y gastos de teléfono y todo un sinfín de simonías de las que, de vez en cuando, sale alguna a la luz.

Y no hay un solo partido, ni un solo político, que alce la voz para renunciar a todos estos vergonzosos privilegios mientras que casi seis millones de ciudadanos se pudren en las listas del paro y los recortes amenazan con no dejar títere con cabeza. Son precisamente estos señores los que te piden comprensión y aceptación del sacrificio.

Los partidos tradicionales, tan seguros de su fuerza, se lo están poniendo a huevo (diría tal vez doña Andrea) al berlusconi de turno que, con labia fácil y demagogia mesiánica, abogue por la abolición de tales privilegios y por una regeneración de la política nacional, para poder llevarnos al huerto.