La asfixia económica obliga al Gobierno a subir alquileres y cerrar el piso asistido

La precariedad económica de las arcas municipales ha obligado al Gobierno local a mantener dos medidas de ajuste, como la subida del alquiler de las viviendas municipales y el cierre de la residencia municipal de ancianos, que supondrá la pérdida de dieciséis empleos. Estos fueron los dos asuntos candentes que vertebraron el Pleno ordinario celebrado ayer que, una vez más, estuvo marcado por la tensión tanto en el numeroso público presente, como en los escaños.

Tres asistentes fueron expulsados de la sala por realizar comentarios en voz alta contra el equipo de gobierno y proferir varios insultos. Ninguna de las tres propuestas presentadas por la oposición en bloque, PSOE, IU e Independientes Portuenses, obtuvieron el respaldo de PP y PA.

La primera, relativa a la nueva Ordenanza de Vivienda y al plan de ajuste de la empresa municipal Suvipuerto, que además de subir el alquiler, retira las bonificaciones a las rentas más bajas y repercute el IBI a los inquilinos, contó con la intervención de Isabel Barea, como portavoz de la Coordinadora de Viviendas Municipales.

Un 10% para pagar

«Es una auténtica cacicada y una falacia, porque el Ayuntamiento no tiene por qué cobrar el IBI si no quiere». En este sentido, el edil socialista David de La Encina aseguró que la Junta no cobra este impuesto en su parque de viviendas públicas. Algo que contradijo el concejal de Vivienda, el andalucista Antonio Jesús Ruiz, quien argumentó las subidas en la adaptación del Ayuntamiento a la normativa autonómica -actualmente se rige por la estatal- y apuntó que las bonificaciones están prohibidas por un decreto del Estado. «Que los inquilinos con ingresos destinen un 10% a pagar la vivienda no me parece ninguna barbaridad. Además, la consejera de Hacienda de la Junta ha pedido a los Ayuntamientos que cobren el IBI. Pero si el gobierno andaluz pagara al Ayuntamiento el millón de euros que debe, las cosas serían distintas». Ruiz garantizó que ningún inquilino de Suvipuerto será desahuciado por no poder pagar el alquiler. La concejala de IU, Pepa Conde, llamó a la desobediencia civil hacia esta medida. «Porque va en contra de un derecho legítimo como es la vivienda y porque se actúa de una forma mercantilista y recaudatoria».

Concepción Solana fue la ciudadana -trabajadora del piso asistido- que tomó la palabra en un último intento porque el Gobierno local no prescinda de este recurso, cuyas competencias las achacan a la Junta, y que ha sido incluido en el Plan de Ajuste municipal para ahorrar unos 500.000 euros al año . «Solo tenemos diecisiete plazas para ancianos que no entran en la Ley de Dependencia, pero hay una lista de espera de unos dos mil mayores que quieren entrar, por tanto estamos ante una herramienta muy necesaria». La oposición había solicitado las cuentas del asilo así como que el Ayuntamiento cumpla su compromiso de recolocar a las empleadas, toda vez que los ancianos ya han sido derivados a la residencia de la Diputación. En este sentido, la edil de Bienestar Social, Mariola Tocino, señaló que no existía tal compromiso, sino un trabajo mediador para que alguna empresa asumiera a alguna de las empleadas. «La Junta de Andalucía se negó a concertarnos algunas plazas porque el piso no cumple las condiciones necesarias». El alcalde, Enrique Moresco, intervino para reprochar al gobierno andaluz que en treinta años no haya construido ninguna residencia de ancianos en la ciudad.

También tomó la palabra el presidente del comité de empresa del servicio de autobuses, Matías Gautier, para reclamar de nuevo al gobierno que inste a Daibus a abonar un plus de 120 euros que tenían comprometido. La edil de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, redundó en que el pago de ese plus caducó el 31 de diciembre de 2011 y que el Ayuntamiento pedirá tanto a la empresa como a la plantilla que negocien una salida, así como un nuevo convenio colectivo.