El centro aglutina un buen número de edificios desocupados. :: L. R.
EL PUERTO

Más de 3.000 viviendas del casco histórico están desocupadas

El PA propone subir el IBI hasta el 50% a los dueños de edificios y solares sin actividad de la ciudad para fomentar los alquileres

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El silencio y la escasez de viandantes a determinadas horas del día, la ausencia de vida en muchas calles y el estado de abandono de cientos de casas en el casco histórico de El Puerto, no son solo una sensación. El centro de la ciudad está muy despoblado y prueba de ello es la existencia de más de 3.000 viviendas, el 15,67 de las existentes, totalmente desocupadas. Muchas son casas palacio que presentan un aspecto ruinoso muy perjudicial para la imagen del centro. Esta situación extrapolada al conjunto de la ciudad, se traduce en un 11,73% de casas sin habitar en todo el término municipal. El Partido Andalucista quiere paliar este problema con la imposición de un gravamen sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de hasta el 50%. Así, ante la perspectiva de tener que pagar más IBI, los propietarios de inmuebles deshabitados buscarán salidas como el alquiler o la puesta en marcha de nuevos negocios.

Esta subida del impuesto ya está reconocida por la Ley de Haciendas Locales, pero para poder aplicarla, el Ayuntamiento necesita la regulación por parte del Gobierno central, que debe determinar, entre otras cosas, cuando se puede considerar que una vivienda está desocupada de forma permanente. Precisamente este será el objeto de la moción que los andalucistas presentarán en el próximo Pleno ordinario de la corporación: instar al Ejecutivo a que desarrolle ese marco normativo para instaurar una medida que cuenta con precedentes en Cáceres, La Coruña y Sevilla y que ya se está aplicando en el País Vasco.

El 58,51 de viviendas en El Puerto sí están ocupadas. Un 29,23% son segundas residencias y en el resto no vive nadie, ni durante el verano ni en ninguna otra época. Otro ejemplo llamativo son las alrededor de ochocientas casas o pisos de la Costa Oeste que están vacíos. El portavoz del grupo municipal, Antonio Jesús Ruiz, consideró que esta medida fomentará el alquiler. «Solo con que un 10% o un 20% de estas viviendas opte por esta vía estaremos impulsando el abaratamiento del mercado de alquiler, porque habrá más oferta. Es una forma de presionar a los especuladores». En este sentido, el portavoz andalucista añadió que además de a las viviendas, la subida del IBI afectaría también a los solares que llevan años desocupados, tanto en el centro de la ciudad como en los polígonos industriales. «En el caso de Las Salinas se vendieron mediante la empresa municipal Impulsa durante la anterior etapa de gobierno de IP y PSOE con la condición que se desarrollara un proyecto empresarial. Pero si no se han llevado a cabo en la mayoría de los casos no había tales proyectos».

Así las cosas, el edil andalucista consideró este recargo sobre el IBI como una fórmula para castigar la especulación. «Queremos que los que han propiciado a pequeña escala la crisis también lo paguen. Los especuladores, las empresas del sector inmobiliario y las financieras, que paguen ahora la crisis con ese recargo». La iniciativa se inscribe en el plan de ajuste interno puesto en marcha por la empresa municipal de la vivienda, Suvipuerto. En este sentido, el PA aludió a la necesidad de mejorar otro plan de ajuste, el que el área económica del Ayuntamiento ha elaborado para acogerse al plan de pago a proveedores. «Es un plan que está abierto y que puede admitir otras propuestas como esta».

En otro orden de cosas, Ruiz se refirió a la nueva repercusión del IBI sobre el parque de viviendas municipales, cuyos inquilinos, a medida que se firmen los nuevos contratos, tendrán que pagar una cantidad aproximada de 150 euros anuales. A esta obligación se sumará, también cuando se redacten los nuevos contratos, una subida del alquiler. Si bien la cantidad media ronda los 120 euros mensuales, los inquilinos pasarán a pagar poco menos de 200 euros. Antonio Jesús Ruiz argumentó que de este modo El Puerto, que se rige por los precios del Plan Estatal se adapta al Plan Andaluz de Vivienda de la Junta de Andalucía.