La nueva ordenanza de tráfico fija sanciones de hasta 600 euros

Los ciudadanos que falsifiquen una autorización para acceder al casco histórico en coche se expondrán a una multa de hasta 600 euros. Su préstamo para que otra persona pueda entrar estará sancionado con hasta 300 euros y no llevarlo en el vehículo de forma visible, con hasta 150 euros. Estas son las multas estipuladas por el borrador de la nueva Ordenanza de Tráfico, que regulará y controlará la circulación en el centro de la ciudad con la ayuda de unas cámaras instaladas en varios puntos estratégicos.

Se trata de una medida pionera en la provincia de Cádiz, ya implantada en otras ciudades como Granada y Córdoba, cuyo objetivo es reducir al máximo el tráfico en el casco histórico -con la excepción de los servicios municipales y las emergencias- para fomentar el uso del transporte público y de los 'parkings' de la Bajamar y de la ribera del río, además de los que el Ayuntamiento pretende construir en Pozos Dulces y la Plaza de Toros y el que ya está concluído en la margen izquierda del Guadalete. Éste aparcamiento en superficie está vinculado a la construcción de la primera pasarela peatonal, a la altura de la calle Luja. Todo ello forma parte del Plan de Movilidad que el Gobierno local desea sacar adelante.

La ordenanza destaca la relación de calles peatonales para diferenciarla de las restringidas, que son las mismas, pero en sus tramos no peatonales. Solo los residentes, empresarios con negocios en el centro, clientes de hoteles, y algunos casos especiales de personas mayores y discapacitados podrán obtener un permiso para acceder y aparcar en su calle o bien en sus cocheras. La ordenanza, que se encuentra en proceso de elaboración con un trabajo conjunto de las áreas de Infraestructuras y Policía Local, está a la espera de recibir informes de distintos departamentos como Medio Ambiente, Planeamiento, Comercio y Turismo, entre otros.

Por el momento no hay fechas para su aplicación. Antes tendrá que obtener la aprobación inicial del Pleno, someterse a la exposición pública y plazo de alegaciones, para ser aprobado de forma definitiva por la corporación municipal y comenzar a aplicarse.

Un año con las cámaras

En este sentido, cabe destacar que la red de cámaras está instalada desde hace un año. Esto, a pesar de que aún no se vislumbra cuándo se pondrán en funcionamiento para que la Policía vigile si los ciudadanos respetan las nuevas normas. Fue a finales de enero de 2011 cuando el Ayuntamiento anunció la nueva regulación del tráfico mediante la ordenanza, que se ha demorado bastante. Las cámaras, que se acompañan de señalizaciones verticales, están en las calles Pagador, Ganado, Nevería, Ribera del Río, Misericordia, avenida de la Bajamar y plaza de España, tuvieron un coste de 350.000 euros.

Un sistema informático se encargará de conectar la red de cámaras al centro de control ubicado en la jefatura de la Policía Local. Desde allí se comprobarán las infracciones y se localizará al conductor mediante el número de la matrícula. En todos los casos, las infracciones leves, graves o muy graves podrán llevar aparejadas la retirada la suspensión de la autorización durante tres, seis, o doce meses o bien la retirada definitiva. Los responsables municipales señalaron hace un año que antes de proceder a la acción ejecutiva de las multas se concederá un periodo informativo en que la Policía Local advertirá sobre las restricciones sin aplicar la sanción. Si el conductor es reincidente se procederá a multarlo.